Sao Paulo, Bra., 30 Sept-25 (Agencia/VRed).- La regulación de futuro para alcanzar objetivos de inclusión, ciudadanía y gobernanza digitales no empata con la idea de que para crecer la conectividad hacia territorios desatendidos a través de nuevas redes de telecomunicaciones, debieran entonces mantenerse los niveles actuales de fiscalización que ya existen para otras redes, como una manera de financiar nuevas coberturas.
Pensar también en que la fiscalización no es la única opción para financiar el despliegue redes de telecomunicaciones y con ello hacer posible así distintas metas de inclusión digital, es el “próximo y mayor desafío de los reguladores”, consideró Alexandre Freire, comisionado en la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel).
“La regulación del futuro no se limita solamente a hacer regulación para fiscalizar infraestructuras; se debe regular para hacer inclusión, ciudadanía y para hacer gobernanza, porque el objetivo de regular es para hacer accesibilidad”, dijo el comisionado Freire, doctor en derecho, investigador en universidades europeas y presidente del Comité de Infraestructura de Telecomunicaciones de Anatel.
El relato de Freire tiene consistencia con lo que ha sido el devenir de las telecomunicaciones de Brasil en el último lustro.
Ya en 2021, el país anotó uno de los mayores hitos con su licitación de espectro para servicios de quinta generación y de tipo stand alone; es decir, un tipo de infraestructura que no existía antes o cuyos fierros nunca se soportaron en redes de 4G.
Pero sobretodo fue un referente, porque el Estado brasileño privilegió todo tipo de incentivos fiscales para conseguir un éxito con esa licitación.
Brasil tiene ahora acreditado el 98% de los compromisos prometidos en el año 2021 por los operadores: 5,570 ciudades con red 5G stand-alone y 99% de la población de áreas urbanas con cobertura de banda ancha rápida y también una cobertura de red 4G sobre 31,000 kilómetros de carreteras federales.
Brasil prometió entre 2020 y 2021 que su licitación 5G no sería fiscalizadora y entonces redujo los precios de las frecuencias radioeléctricas hasta en niveles del 80%, pero a cambio exigió cobertura que aumentara la inclusión digital, luego la ciudadanía digital y con ello se hiciera posible la gobernanza digital.
El Estado brasileño, dijo el comisionado Freire, tiene el objetivo de crecer la inclusión, porque de esta manera aumenta la ciudadanía digital y con ello es posible la gobernanza digital. Una cosa lleva a la otra, deslizó el comisionado durante una presentación en el foro de telecomunicaciones Futurecom, que en 2025 celebra 30 años haciendo espacio para todas las voces de esa industria.
Inclusión digital, para que las personas tengan cobertura de servicios; ciudadanía digital, para que las personas tengan oportunidades potenciales de desarrollo y gobernanza digital, para que el gobierno conozca todos los recursos digitales de los que puede echar mano en el empuje de sus políticas públicas.
Inclusión digital “significa oportunidad y significa hacer democracia”, dijo Freire. Y “quien no está conectado pierde ciudadanía digital”.
Entonces, privilegiar todo menos la fiscalización es una manera para aumentar coberturas; para hacer inclusión digital.
“Se debe pensar siempre en una conectividad inclusiva y ahora la conectividad dice cómo hacemos economía, cómo hacemos educación y salud; entretenimiento; también nos dice cómo trabajamos, y cómo amamos y cómo soñamos, y lo que está en el corazón de esa conectividad es la infraestructura de telecomunicaciones; así, sin infraestructura, se pierde democracia, se pierde acceso y se pierde servicio”.
“La persona que no tenga inclusión digital se pierde de su ciudadanía digital, porque la conectividad es mucho más que las antenas y por eso Brasil se refuerza en comunidades indígenas, en la sociedad con la mujer, y en la gobernanza, porque eso significa la transparencia de una geografía, de un país”, dijo el comisionado Alexandre Freire en Futurecom.
