Ciudad de México, 7 Nov-25 (Agencia/VRed).- Para el 2026, México tiene una Ley de Ingresos que considera 10.2 billones de pesos, 5.9% por arriba de la inflación esperada para ese año y la cifra histórica más alta desde que se tiene registro.
La reducción de 1.5% en términos reales en el primer año de Claudia Sheinbaum, anticipaba ajustes por lo menos por un par de años, dado que el aumento de los ingresos vía financiamiento para cubrir un programa de gasto más amplio en la administración anterior, llevó a las finanzas públicas a un punto en el que el volumen de la deuda amenazaba con limitar algunos de los programas de gasto a los que se había comprometido el gobierno, se tenía que poner el freno y se aplicó la consolidación fiscal.
Sin embargo, y a juzgar por los números de la nueva Ley de Ingresos, no fue posible mantener esa tesitura, particularmente en un contexto interno y externo de desaceleración e incertidumbre, que ha dejado al país en el estancamiento y muy cerca de la recesión económica.
Para este 2025, de acuerdo con la encuesta de octubre, realizada por el Banco de México entre especialistas en economía del sector privado, el producto interno bruto (PIB) de México podría tener un crecimiento de apenas 0.50%, de 1.4% para 2026 y de 1.8% para 2027, es decir, se mantiene la gran barrera de no llegar al dos por ciento.
La determinación del monto de ingresos, es la primera parte de la planeación para el programa de gasto del gobierno federal, dado que, por definición, es la misma cifra que será autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 a más tardar la siguiente semana.
El esquema de contabilidad de la Ley de Ingresos se divide en tres grandes apartados. El primero, los ingresos del gobierno federal, que representa el 63.3% del total, segundo, los ingresos de organismos y empresas representan el 22.3% y tercero, los ingresos derivados de financiamientos con el 14.4%.
Este último componente es la variable de ajuste para cuadrar el presupuesto, es decir, una vez que el ejecutivo estima los recursos por recaudación y los ingresos de los organismos y empresas.
La parte restante para cubrir las necesidades de gasto tendrá que salir de la contratación de deuda, que son los famosos ingresos derivados de financiamientos. Esta parte ha sido particularmente dinámica de 2021 a 2026, representando el 14.4% de los ingresos totales en promedio en esos años, algo que no siempre fue así.
Entre el 2004 y el 2008 se registró la menor participación del financiamiento en los ingresos de la federación con apenas el 1.5%, lo que se explica por ingresos petroleros extraordinarios en esos años, resultado de los altos precios del crudo en los mercados internacionales, que en esos años representaron en promedio el 38% de los ingresos públicos, tan solo en 2008, alcanzaron la cifra récord de 44.3% de los ingresos totales, es decir, se tenía una fuente regular y abundante de dinero para no recurrir al mercado de deuda. Al cierre de 2024, los ingresos petroleros representaron el 12.8%, el porcentaje más bajo desde 1990.
En el primero de los tres componentes señalados más arriba, en los ingresos de la federación la parte más importante son los impuestos, que representan casi dos terceras partes de los ingresos totales, el 57.3%. Los dos pilares en estos conceptos son el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA).
La recaudación de ISR tiene que ver con el tamaño de la base de contribuyentes, base que entre 2018 a 2024 pasó de 71.8 a 86.9 millones, un incremento de 15.1 millones en seis años, sin embargo, para 2025 la curva tiende a aplanarse, lo que podría leerse como una mayor dificultad del SAT para ampliar la base de contribuyentes y, por tanto, los ingresos públicos.
En lo que se refiere al IVA, este depende más del movimiento de mercancías y servicios, situación en que el contexto de la desaceleración de la actividad económica la hace más complicada, así que en tanto la economía presente un magro crecimiento, los recursos captaos por este concepto serán igualmente menos abundantes, así que la carta a jugar son los impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS), donde entran los combustibles automotrices, las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, tabacos, juegos con apuestas, plaguicidas, bebidas energizantes y saborizadas, además, las redes públicas de telecomunicaciones.
Para dimensionar la necesidad de recursos de la federación, basta considerar que los programas y proyectos prioritarios de inversión para 2026, en donde están los nuevos trenes, obras hidráulicas, carreteras y la destinada a Pemex y CFE, contemplan un gasto de 536 mil 806 millones de pesos, cifra muy parecida a los 526 mil 508 millones de pesos, únicamente para la pensión para adultos mayores, misma que está entre los programas prioritarios sociales que estiman una erogación por 987 mil 160 millones de pesos, esto por solo citar un par de casos en las necesidades de gasto y que ayudan a comprender lo importante que es para el ejecutivo allegarse de recursos, toda vez que de ello depende el cumplimiento de sus programas obras y proyectos.
