Ciudad de México, 24 Jun-25 (VRed/Agencias).- El hemiciclo del Congreso de la Unión vibró ayer al iniciar un Periodo Extraordinario de Sesiones, un evento que, siempre anuncia temas de calado. En esta ocasión, la atención se centra en una iniciativa que podría redefinir el futuro de la seguridad en México: la reforma a la Guardia Nacional.
Agendada para hoy en la Cámara de Diputados, esta propuesta busca adscribir de forma definitiva a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, otorgándole un carácter netamente castrense. Sin embargo, más allá de la ya trillada polémica sobre la militarización, me detengo en un punto que considero crucial: las nuevas facultades de inteligencia e investigación que se le pretenden otorgar, incluyendo operaciones encubiertas e, incluso, la intervención de comunicaciones.
Curiosamente, esta discusión en el corazón de nuestra democracia coincide con un torbellino político que sacude a España. El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta su peor escándalo en siete años, una trama de corrupción que ha provocado la renuncia de figuras importantes del Partido Socialista, cercanas al presidente. ¿Qué tienen en común estos dos escenarios, geográficamente distantes pero conceptualmente cercanos? La respuesta yace en la Guardia Civil española, un órgano que, para bien o para mal, guarda semejanzas con nuestra intencionada Guardia Nacional. Esta institución ha sido el epicentro de las investigaciones que han desvelado las presuntas complicidades del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García Izaguirre, cuyo nombre ya bautiza el escándalo en la prensa hispana.
Los entretelones de esta compleja trama, donde el trío habría gestado comunicaciones para obtener comisiones a cambio de contratos gubernamentales, fueron revelados por un brazo élite de la Guardia Civil: la Unidad Central Operativa (UCO). Creada en 1987, la UCO se ha consolidado como la punta de lanza en la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y crimen organizado en España, incluida, por supuesto, la corrupción de cuello blanco. Su mando, un coronel de la Guardia Civil, da cuenta de la estructura jerárquica y disciplinaria que la rige. El hecho de que la investigación que detonó el «caso Koldo» haya sido liderada por la Guardia Civil y su unidad de élite es una prueba contundente de la autonomía de esa institución respecto del poder ejecutivo. Esta realidad, sin duda, nos invita a una reflexión ineludible.
Precisamente, esta autonomía de la Guardia Civil nos lleva a cuestionar la reforma que se cocina en México. Si nuestra Guardia Nacional va a ser dotada de capacidades de inteligencia e investigación, como las que ostenta su par español, ¿dará esto pie a pesquisas que pudieran tener como blanco a altos funcionarios, como ha sucedido en la nación europea? No nos hagamos ilusiones; el camino es largo y lleno de escollos. Sin embargo, la lógica nos dicta que si la Guardia Nacional va a investigar las operaciones del crimen organizado, debería tener la capacidad legal y la voluntad inquebrantable de indagar hasta dónde participan servidores públicos en delitos como el tráfico de drogas y de personas, la extorsión o el robo y contrabando de combustibles.
Diversos trabajos académicos, como el esclarecedor «Redeploying the State: Policing Transnational Crime in the Post-Cold War Era» del catedrático estadounidense Peter Andreas, demuestran con contundencia que el crimen organizado no podría existir sin la participación, complicidad o, al menos, la inacción deliberada de las autoridades.
Peter Andreas, profesor de la Universidad de Brown, argumenta cómo la inacción deliberada, la corrupción activa o la manipulación de las leyes por parte de actores estatales son elementos intrínsecos que permiten que las redes criminales prosperen y se mantengan en el tiempo. Si las investigaciones que emprenderá la Guardia Nacional con esta reforma no pueden destejer las redes de complicidad entre delincuentes y autoridades, sin importar colores ni partidos políticos, lo más seguro es que las nuevas facultades sean limitadas o, peor aún, funcionen a conveniencia. En una de esas, servirán más para «acalambrar» a críticos y opositores que para librar a este país de la peste criminal que tanto nos aqueja.
La discusión está sobre la mesa. El futuro de la seguridad y la justicia en México pende de un hilo. ¿Será esta reforma un verdadero paso hacia la rendición de cuentas, o simplemente una nueva herramienta en el tablero político? La respuesta, como siempre, el tiempo la dará.
