+++ Coordinador del Plan de Justicia Chinanteco, Juan Pablo Zamora Bonilla, da voto de confianza como muestra de civilidad
+++ Funcionarios federales comparecerán durante tres días en diez asambleas para que INSUS defina superficie que tendrá escrituras
+++ Autoridades ejidales, agrarias y comunales exhiben incumplimiento del INPI con presupuesto para caminos artesanales y proyectos para mujeres
Por Miguel Ángel Rueda-Ruíz
Ejido Benito Juárez, Poblado Uno, Uxpanapa, Ver., 17 Sep-25 (VRed).- El comisionado presidencial Samuel Peña Garza encabezó el inicio de la regularización de asentamientos urbanos irregulares que les dará certidumbre jurídica para poder incorporarse a programas como el de vivienda y otros de desarrollo sustentable.
En asamblea con autoridades agrarias, ejidales y comunitarias, funcionarios federales acompañadas de los responsables del Plan de Justicia Chinanteco coordinadas por Juan Pablo Zamora Bonilla, explicaron que esta tarea técnica llevará a la expedición de escrituras públicas de terrenos con viviendas, comercios, escuelas y parques, entre otros espacios.
Samuel Peña Garza, director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y comisionado Presidencial para el Plan de Justicia Chinanteco expresó “vamos en serio, hemos definido que el problema prioritario para empezar es resolver los asentamientos irregulares en zonas urbanas que va a servir para hijos y nietos, se trata de dar seguridad jurídica y hacer justicia después de casi 50 años”.
Por su parte, Víctor Guzmán Dognino, director nacional de Regularización del Instituto Nacional de Suelos Sustentables (INSUS), informó que durante tres días comparecerán ante las primeras diez asambleas en núcleos agrarios para solicitar que permitan realizar los diagnósticos correspondientes para definir superficies y familias que serán incorporadas a este proceso de regularización.
Añadió que se emitirá un Decreto Presidencial con la superficie que será regularizada y una vez con las escrituras, que acaban con la incertidumbre, podrán ser sujetos de beneficios de programas de desarrollo.
En la Asamblea los comisariados, agentes y otros participantes expresaron reclamos, dudas y desconfianza porque durante casi cinco décadas, después de que su tierra fue expropiada por utilidad pública y reacomodados en el valle de Uxpanapa, son incontables las promesas y los funcionarios que han anunciado obras, acciones y presupuesto sin cumplir.
Denunciaron que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) incumplieron durante este año con la aplicación de recursos presupuestales destinados a la construcción de nueve caminos artesanales y para proyectos impulsados por mujeres.
