Ciudad de México, 17 Oct-25 (Agencia/VRed).- México figura entre los países más peligrosos del continente para ejercer la defensa de derechos humanos, particularmente en temas ambientales, de búsqueda de personas desaparecidas, diversidad sexual y defensa del territorio, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.
La CIDH recordó que, según el informe Global Analysis 2022, México fue el tercer país, a nivel mundial, con más asesinatos de personas defensoras con un total de 45 víctimas; sólo detrás de Colombia (186 personas) y Ucrania (50 víctimas).
“La Comisión observa, que en un 43.1% de los casos la responsabilidad de estas agresiones recaería presuntamente en funcionarios públicos, un 33.5% en la delincuencia organizada, y el 23.4% serían personas desconocidas”, se indicó en el informe.
En el texto se detalló que la mayoría de los ataques se concentran en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, entidades donde confluyen megaproyectos extractivos, conflictos comunitarios y altos niveles de impunidad.
Según se explicó en el documento, entre 2019 y 2023, al menos 91 personas defensoras fueron asesinadas en México por causas vinculadas a su labor de defensa.
Además, la CIDH dijo que en el país se documentaron 220 desapariciones de personas defensoras desde 2006 hasta mayo de 2022, muchas de ellas sin que se conozca aún su paradero.
Advirtió que las y los defensores ambientales son uno de los grupos más golpeados: entre 2006 y 2023, 93 personas defensoras ambientales desaparecieron; 39 siguen sin ser localizadas.
“Las operaciones mineras están relacionadas con más del 40% de los asesinatos de activistas que se oponían a esa actividad”, subrayó el informe.
Además, se dio a conocer que la violencia está íntimamente vinculada con la expansión de modelos económicos extractivistas y con el uso de la criminalización como herramienta para inhibir la protesta.
Un ejemplo de ello es el caso de Kenia Hernández, defensora indígena sentenciada a 10 años de prisión en 2022 y con otras siete causas penales en su contra, señalada por delitos como “robo con violencia” y “ataques a las vías generales de comunicación”.
Mujeres y buscadoras: doble riesgo
Por otro lado, se precisó que, entre 2018 y mayo de 2023, al menos 10 personas fueron asesinadas por realizar tareas de buscadoras. Entre los casos destacados se mencionó el de Ángela Almeras León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, asesinada en Baja California en febrero de 2024, y Teresa Magueyal, integrante de “Una Promesa por Cumplir”, asesinada en Guanajuato en 2023.
La CIDH documentó que las mujeres que buscan a sus familiares enfrentan altos niveles de estrés, daño físico y emocional, estigmatización social y sobrecarga económica, pues además de liderar las labores de búsqueda deben sostener económicamente a sus familias.
Asimismo, entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 73 mujeres defensoras en México, y durante 2023 las agresiones digitales contra ellas aumentaron 41% respecto al año anterior. Las defensoras —en particular las indígenas, ambientales y feministas— han sido objeto de violencia sexual, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas de desprestigio en redes sociales.
También, la Comisión manifestó su preocupación por discursos estigmatizantes provenientes de figuras públicas, que califican a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo” o “pseudoambientalistas”.
En México, el informe menciona declaraciones del Ejecutivo Federal que señalaban a nueve organizaciones de la sociedad civil de recibir fondos extranjeros para “oponerse al Tren Maya”, descalificándolas como “benefactoras disfrazadas de ambientalistas”.
