Crónicas del Poder.- Por José Luis Pérez Cruz
-La propuesta la lanzó ya el alcalde
-Armonizar la ciudad
-Aspirar a ser municipio modelo
En una ciudad que crece entre contrastes —modernidad y rezago, actividad económica y deterioro del espacio público— el debate sobre la figura del juez cívico no es menor. Coatzacoalcos enfrenta diariamente conflictos que no son delitos, pero sí fracturan la convivencia: basura fuera de horario, ruido excesivo, consumo de alcohol en la vía pública, maltrato animal o el uso indebido de playas y calles.
En ese terreno intermedio entre el desorden cotidiano y el sistema penal, la justicia cívica aparece como una herramienta necesaria, aunque no exenta de riesgos.
La propuesta ya está sobre la mesa. El alcalde Pedro Miguel Rosaldo García habló en su última conferencia de prensa de la posible instauración de un juez cívico como parte de una estrategia para ordenar la vida pública.
La idea es correcta en el fondo, pero compleja en la forma. Un juez cívico no es solo un funcionario que impone multas: es un operador de proximidad que debe prevenir conflictos, mediar, escuchar y sancionar con criterio social. Para que funcione, se requiere algo que hoy Coatzacoalcos no tiene plenamente: infraestructura humana y física adecuada.
¿PARA QUÉ SIRVE UN JUEZ CÍVICO?
La justicia cívica busca atender faltas administrativas previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno, siempre que no constituyan delito. Su objetivo no es castigar por castigar, sino restablecer el orden, evitar la reincidencia y mejorar la convivencia.
Un juez cívico puede intervenir, por ejemplo, cuando un vecino saca basura fuera del horario —una falta que hoy puede costar más de 5 mil 800 pesos—, cuando alguien orina en la vía pública, introduce vehículos a la playa o provoca ruido excesivo en una fiesta sin permiso.
En estos casos, la sanción puede ir acompañada de trabajo comunitario, orientación o acuerdos de reparación.
Ahí radica uno de los grandes pros: la posibilidad de humanizar la sanción. No es lo mismo imponer una multa automática que entender el contexto.
Un joven que bebe en el malecón no es igual que quien induce a menores a la mendicidad, falta que puede alcanzar multas de hasta 351 mil pesos. El juez cívico, bien preparado, distingue, pondera y actúa con proporcionalidad.
DONDE SÍ APLICA… Y DONDE NO
La acción del juez cívico es pertinente en conflictos vecinales, faltas al orden público, ruido, basura, consumo de alcohol en espacios no permitidos, maltrato animal o llamadas falsas a servicios de emergencia. También en casos de discriminación verbal o conductas que alteran la convivencia sin llegar al ámbito penal.
Pero no debe intervenir donde hay delito: violencia grave, narcomenudeo, lesiones severas o explotación infantil requieren la actuación inmediata del Ministerio Público.
Forzar al juez cívico a resolver lo que no le compete sería convertirlo en un parche institucional y, peor aún, en una figura vulnerable a presiones políticas.
LA IMPROVISACIÓN Y TENTACIÓN RECAUDATORIA
El principal riesgo es implementar la figura sin bases sólidas. Un juez cívico necesita más que un escritorio: requiere un equipo multidisciplinario con psicólogos, trabajadores sociales y personal capacitado en mediación. Sin ello, la justicia cívica se reduce a una ventanilla de multas, percibida por la ciudadanía como un mecanismo recaudatorio más.
También está el peligro del abuso. Multas que van desde 469 pesos hasta más de 350 mil pesos exigen criterios claros y transparencia absoluta. Sin controles, la discrecionalidad puede erosionar la confianza ciudadana y convertir una buena idea en un foco de conflicto social.
Hay municipios ya han avanzado en modelos de justicia cívica, con resultados mixtos pero valiosas lecciones: capacitación constante, espacios dignos y reglas claras marcan la diferencia entre un sistema funcional y uno meramente punitivo.
Si Coatzacoalcos apuesta por un juez cívico profesional, especializado en justicia cívica y respaldado por infraestructura adecuada, puede mejorar la convivencia y despresurizar al sistema penal. Si lo hace con prisa, sin recursos ni personal capacitado, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
La justicia cívica no es una varita mágica. Es un instrumento fino que, bien usado, ordena; mal aplicado, lastima.
En esa decisión, Coatzacoalcos se juega algo más que multas: se juega la confianza entre autoridad y ciudadanía.
Instaurar un juez cívico daría una gobernanza más clara y la posibilidad que la ciudad que aspire a ser modelo de la mano de Pedro Miguel.
