Crónicas del Poder.- Por José Luis Pérez Cruz
-Necesario salvar vidas sin abuso de autoridad
-Transparencia en el protocolo para evitar excesos
La discusión sobre la llegada del Alcoholímetro a Coatzacoalcos no debería centrarse en si se aplica o no, sino en cómo se aplica. La diferencia parece mínima, pero en realidad define el éxito o el fracaso de una política pública que tiene como objetivo salvar vidas.
Los accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad son una realidad que ninguna sociedad responsable puede ignorar. Detrás de cada choque hay familias destruidas, personas lesionadas de por vida y, en los casos más graves, vidas que ya no regresan. La combinación de alcohol y volante sigue siendo una de las principales causas de tragedias viales en México, y Coatzacoalcos no es la excepción.
Por ello, la decisión anunciada por la gobernadora Rocío Nahle de extender el programa a este municipio tiene lógica desde una perspectiva de seguridad pública. Los recientes percances registrados en la ciudad, algunos vinculados presuntamente al consumo de alcohol, evidencian que existe un problema que requiere atención. Negarse a implementar mecanismos de control sería cerrar los ojos ante una realidad que cobra víctimas todos los años.
Sin embargo, también existe una preocupación legítima que no debe minimizarse. En México, muchas políticas públicas bien intencionadas terminan contaminadas por prácticas de corrupción, abuso de autoridad o extorsión. El Alcoholímetro no está exento de ese riesgo.
EL VERDADERO DESAFÍO
La experiencia ciudadana ha demostrado que algunos elementos viales o policiacos pueden convertir una herramienta preventiva en un mecanismo de presión económica. Basta una revisión sin supervisión adecuada, una interpretación discrecional de los procedimientos o la amenaza de una sanción para abrir espacios a conductas indebidas. Cuando eso ocurre, la autoridad pierde legitimidad y la ciudadanía deja de percibir el operativo como una medida de protección para verlo como una amenaza.
Ahí radica el verdadero desafío para el gobierno estatal. No basta con instalar retenes y adquirir equipos de medición. Se requiere construir confianza.
La transparencia debe ser el eje rector del programa. Cada operativo tendría que contar con protocolos públicos, supervisión permanente, videograbación de procedimientos y mecanismos inmediatos de denuncia ciudadana. La población debe tener la certeza de que los criterios aplicados son iguales para todos y que nadie será víctima de arbitrariedades.
Pero también es indispensable que exista una política de cero tolerancia hacia los abusos cometidos por servidores públicos. Si un conductor ebrio pone en riesgo la vida de terceros, debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Del mismo modo, si un agente utiliza el Alcoholímetro para extorsionar, intimidar o obtener beneficios económicos ilícitos, la sanción debe ser igualmente contundente.
La autoridad tiene que entender que el daño provocado por un funcionario corrupto va más allá del acto individual. Cada abuso erosiona la confianza social, desacredita las instituciones y debilita programas que pueden resultar útiles para la seguridad colectiva.
LEGALIDAD PARA EVITAR ABUSOS DE LA AUTORIDAD
El escenario ideal sería aquel donde el Alcoholímetro reduzca significativamente los accidentes y al mismo tiempo opere bajo estrictos estándares de legalidad. Pero existe un segundo escenario que tampoco puede descartarse: que la medida termine generando rechazo ciudadano si comienzan a multiplicarse denuncias por irregularidades o excesos.
Por eso, la implementación del programa debe ir acompañada de vigilancia ciudadana, rendición de cuentas y una supervisión institucional permanente. La prevención de accidentes no puede convertirse en pretexto para vulnerar derechos.
Al final, el debate no es entre seguridad y libertad. Una sociedad democrática puede y debe tener ambas. El Alcoholímetro puede ser una herramienta eficaz para evitar tragedias en las calles de Coatzacoalcos, pero su legitimidad dependerá de que las autoridades demuestren que está diseñado para proteger a los ciudadanos y no para abrir nuevas oportunidades a la corrupción.
Salvar vidas es una obligación del Estado. Garantizar que esa tarea se realice con legalidad, transparencia y respeto a la ciudadanía también lo es.
