Ciudad de México, 1 Ago-26 (Agencias/VRed).- Una red de despojo que tiene conexiones con una notaría del estado de México se apropió ilegalmente de la casa de la familia de Alberto Sorkin, ubicada en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en 2010. Después de 16 años de los hechos, no han podido recuperarla.
Alberto acudió a las reuniones que se hicieron esta semana con víctimas de despojo para hacer visible su caso, pues apegarse a los procedimientos legales no le ha restituido el inmueble en donde creció, además de que ya es rematado por la inmobiliaria Inmonova Bienes por 60 millones de pesos.
Dicha red de despojo es encabezada por Carlos Eugenio Cuenca Aznar, un sujeto al que la entonces Procuraduría General de Justicia de la ciudad encarceló en el Reclusorio Oriente en 2012 por fraude, pero que quedó en libertad para continuar operando.
Él, en coordinación con su hermano Ernesto Eduardo Cuenca Aznar, presunto abogado, hicieron un “contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria” en 2008 en la notaría número 91 de Tlalnepantla, en el que involucraban a la madre de Alberto. Eso ocurrió tan sólo dos años antes de que ella perdiera la vida por temas de salud.
Falsificación de entrega de aval, el punto de partida
En el contrato, que fue consultado por La Jornada, María Rodríguez Sorkin fue puesta ilegalmente como aval de Constructor Celo Salvador SA de CV, con supuestas oficinas en Paseo del Río, en la colonia Paseos de Tasqueña, Coyoacán, para respaldar un préstamo de 4 millones de pesos que la empresa debía liquidar en determinado plazo o, de lo contrario, la casa ubicada en la Segunda Cerrada de Frontera 6, propiedad de la familia en esa misma colonia, pasaría a ser de los despojantes.
Los hermanos Aznar presentaron firmas falsas y una identificación ilegible de la madre de Alberto ante la notaria pública María Guadalupe Pérez Palomino, quien firmó el documento y dio fe de los hechos. Cabe señalar que, posteriormente, la letrada perdió la vida durante la pandemia de covid-19.
Tras recibir el contrato de mutuo, en 2010, los hermanos Cuenca, propietarios de la supuesta constructora, interpusieron un juicio en el juzgado noveno de lo civil en Tlalnepantla, en el que el juez José Luis Martín López Santana les otorgó la posesión del inmueble de la familia Sorkin en la Ciudad de México.
Una vez que la madre de Alberto falleció, y con una sentencia a su favor, Ernesto Eduardo Cuenca se apersonó en el domicilio señalando que le pertenecía, pero la familia Sorkin le impidió la entrada. Meses después, con ayuda de elementos de la policía capitalina, los sacaron de su casa a la fuerza y pusieron a un velador a cuidarla desde entonces.
Este diario recorrió por fuera el predio despojado con la víctima y constató que un sujeto monitoreaba las actividades que se realizaban.
Tras el despojo, la familia Sorkin emprendió diversos procedimientos civiles con abogados que, según relataron Alberto y su esposa Verónica, sólo les “sacaron” dinero y permitieron que jueces en la Ciudad de México le dieran la razón a los despojantes.
Ignoran peritaje clave
A pesar de que una perito del estado de México señaló a las autoridades que la firma que presentaron los despojadores era falsa, resolución que quedó asentada en el documento FC/74/TI/325/15-06, esto no fue tomado en cuenta por los jueces José Encarnación Lozada y María Teresa Rincón, ni por los magistrados de la tercera sala civil de la capital, Mónica Venegas Hernández, Carlos Camargo Correa y Antonio Hernández Sánchez. Todos ellos, en algún momento en estos 16 años, tuvieron el expediente 1565/2025.
Al destaparse los casos de despojo en la ciudad, la familia de Alberto acudió a la reunión del pasado miércoles en la jefatura general de la Policía de Investigación (PDI) para visibilizar su caso. Ahí, Verónica hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra, para que revisen su caso.
También pidieron específicamente que detengan la red de despojo que encabezan los hermanos Cuenca Aznar en colusión con autoridades del estado de México, pues las investigaciones que han emprendido a lo largo de los años los llevaron a detectar 17 notarías en aquella entidad que han expedido documentos que son utilizados con el objetivo de apropiarse de inmuebles.
