Sobremesa.- Por Lourdes Mendoza
Hay historias que escandalizan y otras que obligan a hacer preguntas incómodas. Lo ocurrido en el DIF Oaxaca pertenece a las dos categorías.
Les cuento, a principios de 2026, dos niñas haitianas de apenas seis años murieron dentro de Casa Pato, un centro bajo responsabilidad del DIF estatal. Sus cuerpos fueron encontrados en una fosa séptica después de que fueran reportadas como desaparecidas. Repito. Dos niñas. Seis años. Bajo el resguardo de una institución que debía protegerlas.
Hay detenidos y existe una investigación en curso. Pero el problema no termina ahí. La tragedia abrió una puerta, la caja de Pandora que ya nadie debería poder cerrar: comenzaron a aparecer denuncias de extrabajadores, testimonios de posibles víctimas y señalamientos sobre presuntos malos tratos, violencia y explotación laboral dentro de distintos centros del DIF. Así como lo están leyendo. De hecho, algunas de esas denuncias no son nuevas: ya habían sido presentadas antes de la trágica muerte de las niñas.
Y ahora viene lo que puede cambiar la dimensión de esta historia.
Organizaciones de la sociedad civil, víctimas, extrabajadores y personas que han estado dentro de estos centros han comenzado a documentar lo que, según sus testimonios, ocurre ahí. Se habla de investigaciones cuyos resultados podrían conocerse próximamente y que, de acuerdo con lo que se ha adelantado, podrían incluir videos, audios, testimonios y otros elementos de evidencia sobre presuntos actos de violencia, abuso y explotación de menores.
Si ese material existe, no puede ni debe esconderse.
Y aquí viene la verdadera pregunta: ¿qué sabe el gobierno de Salomón Jara y desde cuándo lo sabe?
El nombre de Irma Bolaños aparece inevitablemente en esta historia porque encabeza honorariamente el DIF Oaxaca y es esposa del gobernador Salomón Jara. Si estas investigaciones llegan a alcanzarla podría ser la dinamita que acabe con un gobierno que desde hace tiempo sobrevive entre crisis. La primera dama no solo tiene el deber moral, sino también la responsabilidad institucional, legal y política de explicar qué estaba pasando dentro del sistema y qué se hizo frente a las denuncias que ya existían.
Y hay otra pregunta que tampoco puede desaparecer: ¿qué pasó con la madre de las niñas?
La realidad siempre supera la justicia. La madre, de origen haitiano, fue trasladada fuera de Oaxaca y ha denunciado dificultades para acceder a acompañamiento y justicia. Organizaciones defensoras de migrantes han exigido una reparación integral del daño. Ahora bien, si hubo decisiones para protegerla, deben explicarse. Si hubo decisiones que terminaron aislándola o revictimizándola, también.
Porque una cosa es proteger a una víctima y otra muy distinta es quitarla, aniquilarla de la conversación pública.
El gobierno puede detener funcionarios, anunciar protocolos y prometer investigaciones. Pero si existen videos, audios, testimonios, documentos y denuncias, el escenario cambia, porque ni el dolor de muchos niños, ni el enojo de un país puede desaparecerse con comunicados.
Este caso nos da la razón a muchos: hay que dejar que la sociedad civil haga su trabajo, porque parece que en estos tiempos es la única preocupada por la verdad.
Dicen que las víctimas quieren buscar justicia fuera de México. Y no es difícil entender por qué: no puede ser que quienes son señalados por omisiones o abusos tengan en sus manos la investigación de cada denuncia, cada video, cada audio, cada testimonio y cada documento. Eso no sería justicia; sería un conflicto de interés que debe ser despejado con una investigación independiente, transparente y a fondo.
Al final, esta historia debería terminar con respuestas: quién sabía, quién calló, quién omitió actuar y quién permitió que ocurriera.
Cuando el Estado falla en proteger a los niños, ninguna institución puede estar por encima de la verdad.
Ni el cargo. Ni el apellido. Ni el poder.
Por cierto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, fue creado en 1977 durante el gobierno de José López Portillo. Sí: uno de esos gobiernos “neoliberales” que tanto detesta el régimen actual, pero que sí construyó instituciones que aportaban a los mexicanos.
La iniciativa fue impulsada por Carmen Romano de López Portillo, quien entendió que el bienestar social no es un asunto marginal, sino un fundamento del desarrollo nacional. Su legado no se limitó a alimentación o salud: abarcó el marco legal y el concepto de bienestar integral. Cosa que hoy, desgraciadamente, ya no existe.
