Ciudad de México, 6 Oct-26 (VRed).- Autoridades federales confirmaron la detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con mando en al menos Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
La captura, realizada el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como parte de un operativo conjunto de la SSPC, Sedena, Guardia Nacional, CNI y la FGR.
Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos describen que “El Tanque” montó una infraestructura para la extracción ilegal de gasolina de los ductos de Pemex que atraviesan Veracruz.
El combustible robado era almacenado en tanques cerca del puerto de Veracruz, con capacidad de millones de litros, y luego se distribuía en el mercado negro, incluso con rutas hacia Texas, generando decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.
Para colocar ese combustible y lavar dinero, la red utilizaba gasolineras aparentemente legítimas, administradas por familiares y prestanombres.
De acuerdo con reportes de investigación y las sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU.), entre las empresas y estructuras señaladas como parte de esta red se encuentran:
• 11 gasolineras en Veracruz sancionadas en 2024 por su vínculo directo o indirecto con “El Tanque”.
• Estaciones operadas bajo nombres comerciales como:
• Etanofuel
• G Energy
Estas gasolineras habrían servido para vender combustible robado y lavar recursos del cártel, según la investigación estadounidense.
• Una empresa veracruzana de transporte de materiales peligrosos, identificada como parte de la logística de la red de huachicol.
• Una constructora señalada como integrada a la estructura financiera y de negocios del grupo criminal.
Las autoridades de EE. UU. detallaron que esta red incluía también a nueve personas y 26 empresas relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustible, varias de ellas registradas en Veracruz.
Nexos con “El Clan” y operadores empresariales en el sur de Veracruz
El nombre de “El Tanque” ganó relevancia en el ámbito político y de corrupción en agosto de 2026, cuando se filtraron audios atribuidos a los hermanos Jorge Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio, empresarios vinculados a la red conocida como “El Clan” o “los amigos de Andy” (en referencia a Andy López Beltrán).
En esas grabaciones, Luis Alberto Olán relata a su hermano cómo su cercanía con “El Tanque” les permitió blindar sus intereses económicos en el sur de Veracruz.
Según los audios, gracias a ese nexo, el CJNG dejó de extorsionar al propietario de una mina de balasto que operaba como proveedora de obras vinculadas a “El Clan”, entre ellas proyectos relacionados con el Tren Maya.
Los reportes describen a “El Clan” como una red de negocios y tráfico de influencias que conecta a empresarios del sur de Veracruz con operadores del CJNG, y que habría contado con protección política local para asegurar contratos y obras públicas.
Sin embargo, hasta ahora no hay nombres de funcionarios citados de manera explícita y oficial como vinculados directamente a “El Tanque”.
Las autoridades ubican a Iván Cazarín Molina como miembro de alto rango y fundador de una estructura del CJNG que opera en Veracruz y Jalisco, y como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Entre sus antecedentes más graves se encuentra su presunta participación en el ataque a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, donde murieron ocho militares y un elemento de la entonces Policía Federal.
En septiembre de 2024, el Tesoro de EE. UU. lo sancionó junto con miembros de su familia y decenas de empresas, al identificarlo como integrante clave del CJNG y responsable de una red de robo y comercialización ilegal de combustible que financiaba las operaciones del cártel.
La detención de “El Tanque” es presentada por el gobierno federal como un golpe a las estructuras criminales que generan violencia y control territorial en el corredor del Golfo y el Istmo, zonas estratégicas para:
• El movimiento de droga y precursores químicos hacia puertos y fronteras.
• El control de rutas terrestres y fluviales en el sur‑sureste.
• La extorsión y el cobro de “derecho de piso” a transportistas, comercios y proveedores de obras públicas.
Para Veracruz, el caso pone de nuevo en el centro del debate la intersección entre crimen organizado, empresas de combustible y redes de influencia local, y revive preguntas sobre el grado de protección política y complicidad empresarial que permitió operar durante años a esta estructura.
