En su justa dimensión.- Por Mario Carbonell
Cada vez hace menos sentido esa máxima de que en México no se mueve ni la hoja de un árbol sin que lo sepa el presidente de la República. A López Obrador le gustaba mucho aseverar que nadie en la administración pública federal daba un paso sin la venia o sin conocimiento del jefe del Ejecutivo.
En días recientes, la inquilina de Palacio Nacional ha incurrido –quizá involuntariamente– en una serie de desatinos, por decirlo diplomáticamente. ¿Y por qué involuntariamente? Porque tal vez no sea tan cierto eso de que quien está en la Silla del Águila todo lo ve y todo lo sabe. Alguien no le está informando a la presidenta todo lo que debiera saber, y por culpa de ese (o esos) alguien se ha hecho un papelón en más de una ocasión.
El capítulo más reciente de esta cadena de desaciertos fue con motivo de la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro.
Tiene razón Sheinbaum al advertir que si en un estado se va a recibir capacitación en seguridad de un gobierno extranjero se debe solicitar autorización a la cancillería y al Grupo de Alto Nivel en Seguridad. Sobre todo si así se reconoce públicamente, como lo hizo el secretario de Seguridad de Querétaro, Iován Elías Pérez, al asegurar que “este centro de capacitación internacional (…) está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos”.
Pero lo que no puede ser es la manera en que se enteró el gobierno federal del asunto: “Por qué sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos, ¡porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro en el evento!”, exclamó Sheinbaum, sorprendida.
¿Cómo que se enteran de un asunto así por las declaraciones en vivo de un funcionario local? ¿Y entonces para qué están los representantes federales en los estados? Ah, pero es que ahí viene otra más de las imprecisiones, pues un día antes la presidenta se quejó de que para tal evento “no invitaron a la Defensa, no invitaron al gabinete de seguridad federal (…)”. Falso. En ese acto sí estuvieron presentes representantes federales, como el general Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de la 17.ª Zona Militar; el capitán David Valadez Arenas, en representación de la Guardia Nacional, y el delegado en Querétaro de la Fiscalía General de la República, Javier Rodríguez Uribe.
¿De verdad los generales no sabían a qué demonios iban? ¿No estaban enterados de que se trataba de un asunto de seguridad en el que estaban involucrados agentes externos, como el propio nombre de la instancia (“internacional”) lo dice? ¿Y al delegado de la FGR no le pasó por la cabeza notificar a oficinas centrales?
El gobierno de Querétaro evidenció que sí dio aviso a la cancillería, a través de una misiva del gobernador Kuri, el 23 de septiembre, dirigida al canciller Roberto Velasco. Relaciones Exteriores acotó que ese oficio se limitó a informar de la visita del embajador, mas no señala que se trata de “un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero”.
Suponiendo sin conceder que la cancillería no tuviera idea del motivo de la visita de Johnson, ¿acaso no tuvo nueve días para investigar a qué se debía la invitación? ¿Para qué sirve entonces el área jurídica de la SRE? Después del choque entre la Federación y el gobierno panista de Chihuahua por la presencia de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad, ¿no tendrían que estar varias instancias del gobierno federal atentas a las actividades del representante de Trump en México en los estados?
Lo peor es que no se trata del único caso en el que alguien no está haciendo su chamba de informar asuntos sensibles a la presidenta. Por ejemplo, ¿a nadie se le ocurrió advertir a Palacio que la senadora Jasmine Bugarín, quien contendía por la virtual candidatura al gobierno de Nayarit y podía ganar la nominación, tiene nacionalidad estadounidense? Y eso, justo en momentos en que se aprobaba la ley de Sheinbaum que prohíbe la doble nacionalidad para candidatos a gobernador. ¿Dónde están el área jurídica de Gobernación o el jefe de la Oficina de la Presidencia y sus enlaces con Morena, partido en el poder?
Pero la más grande de estas pifias recientes ha sido sin duda el ridículo del supuesto “megadecomiso histórico de huachicol” en Guanajuato. La empresa dueña de las instalaciones donde se almacenaba el hidrocarburo incautado sostiene que toda la gestión es legal. Es la fecha en que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que atrajo el caso, aún no concluye sus pesquisas, pero lo cierto es que en ese operativo participaron fuerzas federales. Por ello se culpó a la delegación de la FGR en Guanajuato y su titular fue cesado. Pero el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en la mañanera del 25 de septiembre, reconoció que aún no terminaba la investigación y que “están viendo si todo está en el marco de la ley (…)”, pues admitió que, hasta ese momento, no se había podido comprobar que se trata de huachicol.
Como dijera el clásico, “es una tras otra, una tras otra…”. Y quienes quedan mal por la falta de oficio de funcionarios medios son los que dan la cara en la tribuna de Palacio Nacional, en el programa de televisión más visto en el país.
