Ciudad de México., 11 Oct-21 (Agencia).- Académicos, científicos e investigadores de diferentes instituciones y centros educativos internacionales se manifestaron para pedirle a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), reconsiderar las acusaciones en contra de los 31 académicos y funcionarios de la institución y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) implicados presuntamente en el delito delincuencia organizada.
Mediante una carta que se dio a conocer este domingo 10 de octubre, fue reconocida la labor del foro por la articulación de diferentes agencias sociales que se encontraban involucradas con la promoción del desarrollo tecnológico y la ciencia.
“Consideramos que el FCCyT ha llevado a cabo importantes acciones e iniciativas encaminadas a la articulación de un sinnúmero de organismos sociales involucrados en la promoción del desarrollo científico y desarrollo tecnológico de México. No obstante, se les ha acusado de actividades delictivas equivalentes a las de los cárteles de la droga, con sentencias que podrían llegar a los 80 años de prisión”, expresaron en el escrito.
La comunidad científica reconoció que los presupuestos deben estar sujetos a una exhaustiva auditoría, sin embargo, dicho proceso se realizó en su debido tiempo.
“Por lo tanto, nos dirigimos respetuosamente a usted con el fin de solicitar una revalorización del compromiso sustancial de los mencionados 31 científicos en la construcción de un andamiaje sólido para el fomento de la ciencia y tecnología en México”.
Los firmantes aseguraron estar convencidos de México obtendrá beneficios de la participación conjunta con la comunidad científica, sobre todo de los que han llevado a cabo contribuciones sobresalientes.
“Reiteramos nuestra solicitud de reconsiderar las acusaciones formuladas contra un grupo tan distinguido de científicos y académicos.
“Estamos convencidos de que México ciertamente se beneficiará de la participación conjunta de su vasta comunidad científica, especialmente de aquellos que han hecho contribuciones científicas y tecnológicas sobresalientes a México”, explicaron.
En ese sentido, también comentaron que la reconsideración se encontraría en el marco de la filosofía de la Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Conocimiento Científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Científica y Cultural de las Naciones Unida, de Budapest, Hungría, de 1999.
“Todos los esfuerzos para promover el diálogo entre la comunidad científica y la sociedad, para eliminar toda discriminación con respecto a la educación y los beneficios de la ciencia, actuar de manera ética y cooperativamente dentro de nuestras propias esferas de responsabilidad, para fortalecer la cultura científica y su pacífica aplicación en todo el mundo, y promover el uso del conocimiento científico para el bienestar de poblaciones y por la paz y el desarrollo sostenibles, teniendo en cuenta los aspectos sociales y éticos principios ilustrados anteriormente”.
La carta fue firmada por 145 académicos adscritos a universidades de Autónoma de Madrid, Cambridge, Harvard, Estatal de Arizona, Newcastle, Sapienza, de Sao Paulo o Yale.
Entre los firmantes se encuentran: Abigail Schoneboom, Abiodun Egbetokun, Adam Przeworski, Adarsh Anil, Adolfo Stubrin, Ana Langer, Andres Bernasconi, Andrew Roberts Cummings, Antonio Javier Calleja, Axel Haudiquet, Barbara Ann Bush, Carlo Pietrobelli y Claudio Lomnitz.
La carta fue suscrita por 124 residentes mexicanos, algunos de ellos son: Gloria Soberón, doctora en investigación biomédica; Silvia Cherem, periodista y escritora; Miguel Alcubierre, Dolores Beistegui; el físico; directora del Papalote Museo del Niño, y Luis Mochán, físico.
La FGR presentó una denuncia ante el Ministerio Público debido a las “posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico desde fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La Fiscalía señaló que los servidores públicos del Conacyt supuestamente habrían creado una empresa privada para después incorporarse a ella, con lo que habrían violado la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.
![Julia Tagüeña, investigadora del Conacyt, cumplió con el citatorio que le fue enviado. Foto: Cuartoscuro]({"default":{"load":"default","w":"70","h":"47","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAPnAH3.img?h=466&w=700&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size3column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAPnAH3.img?h=416&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"},"size2column":{"load":"default","w":"62","h":"42","src":"//img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AAPnAH3.img?h=416&w=624&m=6&q=60&o=f&l=f"}})
Sin embargo, el pasado 22 de septiembre, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la FGR emitir las órdenes de aprehensión. No obstante, la Fiscalía anunció que volvería a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
A finales del mismo mes, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, dijo en una serie de tuits que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. demandó al Gobierno de México cuando se le puso freno al gasto y no al revés. Y explicó que esa entidad privada perdió en la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su cuenta de Twitter, también aseguró que el Foro Consultivo gastó apenas 100 millones en proyectos de ciencia y tecnología, y que 471 millones de pesos se le fueron en tintorería, comidas, viajes y salarios desde que fue fundado, en 2002.
