Ciudad de México., 23 Ago-21 (Agencia).- Entre 2012 y 2016 los contratos y pagos que la constructora Odebrecht obtuvo de parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la entrega de sobornos dejaron un daño al erario que supera los 4 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con nuevas investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
Es un fraude que hasta la fecha – y a casi cinco años de la apertura de la primera indagatoria – no ha sido reparado ni por la constructora brasileña, ni por los funcionarios federales involucrados, algunos de los cuales siguen incluso en puestos públicos. Entre los exfuncionarios implicados destaca el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien desde hace más de un año negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para no ser procesado.
Sin embargo, dicha negociación se ha complicado debido a que, entre otras cosas, Lozoya solo ofreció como pago de reparación del daño una residencia ubicada en Ciudad de México (que de acuerdo con las indagatorias fue adquirido tras el pago de un soborno), la cual está valuada en aproximadamente 30 millones de pesos.
Los fiscales consideran que se trata de una concesión insuficiente dado que con esa propiedad el exfuncionario pretende cubrir también la reparación del daño por el presunto fraude con la empresa Altos Hornos, y por el cual también se encuentra procesado.
Lo que varias instancias federales han denunciado este año ante la FGR (y que ya dio paso a la apertura de nuevas carpetas de investigación) es que en el caso específico de Odebrecht no solamente hubo un hecho de corrupción al haberle entregado contratos como pago por sobornos, sino que además esto tuvo consecuencias muy graves para las finanzas tanto de Petróleos Mexicanos, como del país en general.
Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en febrero y marzo pasados dos denuncias ante la Fiscalía en las que reportó un posible fraude a Pemex que asciende a 1 mil 250 millones 555 mil 400 pesos como resultado de los contratos que la constructora brasileña recibió para realizar diversos trabajos en la refinería ubicada en tula, Hidalgo.
A partir de diversas auditorías se corroboró que la simulación y fabricación de supuestas condiciones para justificar adjudicarle sin competencia a Odebrecht los contratos, trajo consigo que Pemex no buscó la mejor opción en términos de calidad y precio para cubrir las necesidades reales que tenía la refinería.
Ello abrió la puerta a la cotización de servicios y adquisiciones de bienes con precios muy por encima del mercado: hubo sobrecostos por más de 700 millones de pesos. Se detectó que la constructora brasileña presupuestó una mayor cantidad de insumos, herramientas y materiales a los que realmente se utilizaron; por ejemplo, se detectó un sobrante de varilla galvanizada por más de un millón 280 mil pesos que la constructora no justificó ni devolvió.
Ante el cúmulo de arteras violaciones contractuales, ni la administración encabezada por Lozoya ni la de los directores que le sucedieron aplicaron las penas correspondientes a la empresa, lo que significó una pérdida más para las finanzas de la compañía.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Hacienda, por su parte, descubrió que una parte significativa de los recursos públicos que Odebrecht recibió al amparo de más de seis contratos no terminaron en los servicios prometidos, sino que fueron ilegalmente desviados a través de una red fraudulenta de lavado de dinero.
Los trabajos de inteligencia permitieron identificar que más de tres mil millones de pesos que salieron de Pemex y fueron transferidos a la constructora brasileña y a sus filiales, fueron enviados a un grupo de aproximadamente 30 compañías que carecían de recursos humanos y materiales para realizar cualquier servicio. Es decir, se trataba de compañías fachada o fantasma.
Dichas empresas triangularon el dinero con múltiples operaciones entre ellas. Finalmente, los recursos salieron del sistema bancario a través de cientos de retiros de dinero en efectivo realizados por probables prestanombres.
Por todos estos hechos la UIF ha presentado en 2021 dos denuncias formales ante la FGR y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción adscrita a la misma institución, ambas en contra de Emilio Lozoya, de las compañías implicadas y de todos los demás que resulten responsables.
Estos casos se suman a las denuncias previas que la propia UIF en conjunto con Pemex habían presentado por malos manejos y diversos hechos de posible corrupción en la administración de la compañía petrolera mexicana durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
