Por si estaban con el pendiente.- Por Carolina Vázquez
En lo que va de mayo, el gobierno de Veracruz reporta mil 40 detenidos, 285 cateos, 85 armas aseguradas, 34 mil dosis de marihuana y cinco millones de pesos “recuperados”; todo informado a través de una imagen que la gobernadora Rocio Nahle, promueve en redes sociales intentando convencer a los veracruzanos de que, en materia de seguridad y procuración de justicia, todo está más que bien.
En la publicidad gubernamental todo luce contundente y ordenado: policías formados, cifras grandes, colores institucionales, frases de fuerza: “Cero pactos”, “Cero impunidad”, “Resultados por la paz”. Sin embargo, hay datos que no aparecen y que son la realidad que preocupa: cobros de piso, asesinatos, desaparecidos, extorsiones, robos de autos, feminicidios y otros de alto impacto.
La publicación que hizo este martes la gobernadora Rocío Nahle no es únicamente un informe de seguridad; es un ejercicio de comunicación política cuidadosamente construido que no busca explicar la realidad completa, sino instalar la percepción de un gobierno que controla el territorio y golpea al crimen, aunque la realidad indique lo contrario.
Por eso las cifras se presentan en bloque, compactas y visualmente agresivas porque en política la percepción es importante. Pero al revisar los números que el mismo gobierno difunde aparece otro dato revelador: de las mil 40 detenciones presumidas, 573 —más de la mitad— corresponden a faltas administrativas; es decir, alguien que orinó en la vía pública, un ciudadano que alteró el orden o una persona que consumía alcohol en la banqueta de su calle.
Ahí es donde comienza la diferencia entre seguridad pública y narrativa pública, porque detener no significa sentenciar, catear no significa desarticular, asegurar droga no implica reducir extorsiones y exhibir dinero confiscado no prueba automáticamente culpabilidad, especialmente cuando esos cinco millones presumidos por el gobierno provendrían del mediático cateo a una pollería, caso que todavía atraviesa procesos legales y donde aún no existe una resolución judicial definitiva.
En su propaganda engañosa, el gobierno de Veracruz ya habla de “afectación económica” al crimen; no de presunto recurso ilícito, no de dinero sujeto a investigación, no de aseguramiento ministerial; no, la narrativa oficial ya emitió sentencia mediática antes que los tribunales y eso resulta particularmente contradictorio cuando la propia fiscalía Lisbeth Aurelia Jiménez insiste constantemente en “no entorpecer el debido proceso”.
La Fiscalía y el Gobierno de Veracruz olvidan que, legalmente, si algo puede entorpecer el debido proceso es justamente convertir investigaciones en trofeos políticos antes de que concluyan y ese precisamente es el tipo de operación política que realiza el gobierno Nahleísta que opta por construir percepciones antes que explicaciones, producir propaganda antes que transparencia y administrar narrativas antes que resultados verificables.
El gobierno de Veracruz no busca informar a profundidad, pues para ellos una imagen bien diseñada es mas valiosa que un informe real, por eso las estadísticas se empaquetan como campañas visuales: rápidas, emocionales y fáciles de compartir para convencer a la población de que todo está bajo control, aunque en las calles ocurra lo contrario.
Infortunadamente los veracruzanos viven otra estadística; la del comerciante que paga para trabajar, la de la familia que sigue buscando a sus desaparecidos, la de las personas que evitan salir de noche por miedo a la inseguridad; porque mientras el gobierno cuenta detenidos, muchas familias siguen contando ausentes.
La propaganda gubernamental —que, por cierto se paga con dinero del pueblo— no retrata la realidad; la maquilla, la administra y esconde todo aquello que políticamente incomoda, su función no es explicar por qué miles de veracruzanos siguen viviendo con miedo, sino fabricar la ilusión de que todo marcha bien.
Las redes oficiales presumen cifras espectaculares y operativos mediáticos, pero la violencia continúa formando parte de la vida cotidiana y esa es quizá la mayor distancia entre el discurso y la realidad: mientras el gobierno intenta convencer a los ciudadanos de que Veracruz vive este mes de mayo tiempos de paz, este mismo mes decenas de personas desaparecieron, otras fueron asesinados por no pagar piso, y muchos más intentan sobrevivir en medio de una inseguridad que ninguna campaña publicitaria podrá ocultar
