Xalapa, Ver., 16 Jul-26 (QUE Noticias/VRed).- La gobernadora Rocío Nahle García anunció la liquidación de la deuda bursátil que mantenían los municipios de Veracruz. Sin embargo, el beneficio llegó con una advertencia severa e inapelable: el Congreso local mantendrá un bloqueo total a cualquier intento de los alcaldes por contratar nuevos créditos o financiamientos durante su gestión.
Durante el evento celebrado en Palacio de Gobierno y ante decenas de presidentes municipales beneficiados, Rocío Nahle dejó en claro que la autonomía financiera de los ayuntamientos tiene límites muy claros bajo su administración.
En un tono directo y restrictivo, Nahle ordenó a los ediles rechazar las ofertas crediticias de la banca privada que inevitablemente llegarán tras la mejora en sus calificaciones crediticias, advirtiendo de forma tajante que la Legislatura estatal no les autorizará nueva deuda.
La bursatilización, cuyo esquema fue en Unidades de Inversión (UDIS) obligó a los 199 ayuntamientos participantes a pagar más de 2 mil 500 millones de pesos en casi dos décadas —esencialmente puros intereses— sin que el saldo de la deuda original se redujera un solo centavo.
El esquema de rescate impulsado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y que fue anunciado en abril pasado, consiste en una fórmula de cofinanciamiento donde el Gobierno del Estado absorbe el 75% del saldo pendiente (unos 950 millones de pesos), mientras que los municipios deben cubrir el 25% restante (alrededor de 316 millones de pesos) sin intereses y con fecha límite al año 2030.
Si bien la liberación de las participaciones federales dará un respiro económico inmediato a las arcas locales a partir del mes de agosto, la severidad del discurso oficial evidencia una centralización del gasto público.
La gobernadora justificó la prohibición de solicitar préstamos bajo el argumento de la «responsabilidad financiera», pero en la práctica, la medida anula la capacidad de gestión de los alcaldes frente a emergencias o proyectos de infraestructura de gran envergadura.
Lo que debió ser una celebración de soberanía financiera para 199 demarcaciones terminó convirtiéndose en una exhibición de subordinación política ante el Poder Ejecutivo y un Congreso alineado.
El mensaje enviado desde el Palacio de Gobierno es inequívoco: el rescate estatal de hoy se paga con la obediencia financiera e institucional de mañana.
