La cada vez más compleja situación política del gobierno y Morena no permite pensar que la idea de proteger a las audiencias de radio y televisión responda a ese sano propósito. No, la circunstancia lleva a considerar la malsana intención de, si no controlar, sí regular al quinto poder que, hasta ahora, escapa parcialmente al dominio pleno del oficialismo: a la prensa radiofónica y televisiva y, quizá —como ya lo sugirió la misma mandataria—, a la impresa y digital.
Pese a la experiencia dejada por el presidencialismo exacerbado y con prisa no exenta de tropiezos y triquiñuelas, el Ejecutivo en conjugación con Morena sometió bajo su férula al Legislativo y más tarde al Judicial. Luego, subsumió, neutralizó o de plano borró el contrapeso de los organismos constitucionales autónomos. A ese cúmulo de poder se agregó de regalo otro: la nulidad opositora que nomás no sale de su marasmo.
En aquellas acciones emprendidas, el argumento parecía obedecer al pragmatismo con uno que otro destello de sensatez: ejercer sin límite la fuerza de la mayoría; democratizar la justicia para desterrar privilegios y corrupción e impartirla con sensibilidad social; y practicar la austeridad administrativa en beneficio del gasto social. A la postre, sin embargo, aquello resultó en el socavamiento de derechos y equilibrios, dando lugar a una destemplada concentración de poder que, paradójicamente, se dispersó por su pésimo concepto e instrumentación y prendió la mecha de una implosión.
En esa lógica y con aquel antecedente, no asombra el afán presidencial de regular ese poder restante que escapa a su dominio, bajo la bandera de proteger el derecho de las audiencias sin reparar en el peligro de lacerar los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información.
No es para menos; la tormenta política en ciernes atemoriza al oficialismo, por lo que no sorprende la gana de regular el miedo a través del medio.
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Factores y actores de poder externos e intrínsecos, imposibles o difíciles de controlar, han vulnerado —a menos de dos años del sexenio— el lema presidencial de la continuidad con cambio y sello propio. E, igualmente, lo ha lastimado la falta de cuadros con capacidad política.
La dilución de ese anhelo de la jefa del Ejecutivo, que marcaba una diferencia formal (no sustancial) con el antecesor, pero incentivaba la posibilidad de pensar en un mejor y más refinado e inteligente estilo personal de gobernar o de ejercer el poder, acarreó tres consecuencias: preservó la popularidad de la mandataria, pero disminuyó la legitimidad de su acción; provocó contradicciones en su actuación; y le restó aliados, ajenos al directorio de la nomenclatura en el poder político, así como de la resistencia y la oposición que la sola voz presidencial les provoca erisipela.
Ante ese cuadro adverso, la mandataria no resolvió recentrar la estrategia de su mandato, sino refugiarse en el radicalismo reivindicado por Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre de 2021, tras el revés sufrido en las elecciones intermedias: “Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear.” La diferencia es que ella lo hace antes de esas elecciones.
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Esos factores y actores de poder que, al parecer, alteraron la divisa original del mandato presidencial, fueron y son los siguientes.
La convicción sentida y la obligación impuesta de sacar adelante sin matices las reformas pendientes del antecesor. Si el concepto y alcance de la reforma judicial fue un error, su instrumentación con acordeones fue un desastre con un efecto corruptor sobre la virtual desaparición de los organismos constitucionales. Tanto así que, ahora, con un decreto se quiere reparar lo que antes era el derecho garantizado al acceso de la información. A ello se sumó el error de mantener una política de comunicación que, con el cambio de condiciones, dio de sí y la orilla a adoptar una actitud reactiva y no proactiva ante la información o la realidad. A respecto, asombra que, ocho años después de acceder al poder y privilegiar la comunicación como herramienta básica de gobierno, la llamada cuarta transformación insista en la conferencia matutina como el principal recurso y no haya logrado consolidar un órgano de información y un cuerpo de opinión creíble y serio.
Otro factor y actor de poder que, sin duda, ha distorsionado aquel lema es el desempeño de varios de las y los gobernadores encumbrados en el poder por Morena y sus aliados. Más de uno sigue la tonada, pero se desapega de la letra de los postulados, convirtiéndose en cacique o lastre del movimiento. Se cuelgan de la figura presidencial, en vez de impulsarla, y le restan legitimidad al proyecto sin que el partido los llame a capítulo.
Y, desde luego, el hostigamiento y el acoso del melómano del norte que cobró el carácter de un posible detonante cuando el Departamento de Justicia estadounidense solicitó detener a fin de extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de varios otros representantes populares o funcionarios públicos de esa entidad. Desde entonces, las contradicciones, resbalones y errores de la actuación presidencial han sido constantes, temiendo que entregar a uno desate una reacción en cadena.
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En tal circunstancia y condición, e incluso reconociendo el mérito de querer fijar los lineamientos del derecho de las audiencias, pendientes desde 2014, y someterlos a consulta, es menester depurar el documento base. Salir de las ambigüedades, los excesos y las indefiniciones que hacen pensar que se quieren regular los miedos políticos a través de los medios de comunicación.
