Sobremesa.- Por Lourdes Mendoza
La ‘4T’ no tolera que la investiguen. Ya he documentado cómo Alejandro Armenta, en Puebla, o Salomón Jara, en Oaxaca, han usado el aparato estatal para vigilar, censurar o descalificar voces incómodas. En Sonora, como también ya he documentado, el patrón tiene nombre propio: Alfonso Durazo, gobernador, y la fiscalía que él mismo puso, encabezada por Gustavo Rómulo Salas Chávez.
Fiscal que terminó encarcelando a Roberto Celaya Figueroa, periodista de investigación sonorense, profesor, académico y fundador de “Condición 1SQ”, por documentar un presunto quebranto patrimonial de más de 14 millones de pesos en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
Las denuncias que nadie mueve
Celaya Figueroa ha presentado, desde 2022 y hasta ahora, cuatro denuncias formales contra funcionarios de ITSON por presuntos actos de corrupción.
Ninguna ha caminado. Distintos jueces de control y de amparo le han señalado a Celaya —con razón, en términos estrictamente procesales— que él no tiene legitimación para impulsarlas, porque la víctima es el propio Instituto Tecnológico de Sonora.
Encarcelado, despedido, silenciado
Mientras esas denuncias se congelan, Celaya ha enfrentado un historial de causas penales en su contra que, una por una, ha ido ganando en tribunales:
Fue detenido y encarcelado por el delito de violación a la intimidad (causa penal 1184/2023), ojo, por haber grabado un video en un horario público, ante funcionarios públicos, en la oficina del Órgano Interno de Control de ITSON. Así como lo están leyendo. Video que después usó para defenderse de un procedimiento administrativo en su contra. Acto seguido, le concedieron un amparo con sentencia exculpatoria.
Por separado, el vicerrector administrativo de la institución lo denunció, también por violación a la intimidad, después de que Celaya tomara una captura de pantalla durante una presentación pública por Zoom —dirigida a empleados de la institución, sobre datos públicos usados para justificar incrementos salariales— para criticar, en un grupo de WhatsApp y Facebook, las cifras expuestas. El rostro del funcionario aparecía en la captura de manera incidental; la crítica de Celaya, dice, iba dirigida a los números, no a la persona. También ganó ese amparo.
Luego en 2024, la agente del MP Gabriela Mares Muñoz aceptó una tercera denuncia en su contra —esta vez por amenazas (NUC SON/COB/FGE/2024/098/59598)— motivada, según Celaya, por la publicación de un meme. La fiscal no solo la admitió, sino que giró medidas de protección tan amplias que básicamente le impedían salir de su domicilio, hablar con terceros o usar redes sociales, bajo riesgo de un nuevo arresto. Así como lo están leyendo.
RC: Además de zozobra y ansiedad, me ha afectado mi labor periodística, pues teniendo un grupo de Facebook donde se difunden acciones de investigación respecto de ITSON, me he visto en la necesidad de suspenderlo, pues por cualquier cosa que se publique sobre la universidad me puedo ir a la cárcel por violación a las medidas de protección.
A la persecución judicial súmele el despido laboral por denunciar.
El caso que lo resume todo
La causa penal 3448/2026, instruida contra Celaya por falsedad de declaraciones ante el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) que en los últimos días se resolvió completamente a su favor.
Inhale y exhale
La carpeta de investigación consta de 4 mil 345 fojas. Solo el escrito de la denuncia ocupa 112 páginas. Montaña de papel para un caso que, al final, se cayó por un solo párrafo de la resolución judicial.
El 6 de julio de 2026, en la audiencia de formulación de imputación, la fiscalía tuvo que pedir un receso a los pocos minutos de haber anunciado el delito, porque ella misma se dio cuenta de que la clasificación penal que acababa de exponer estaba mal. Ya reclasificado, continuaron y los abogados del ITSON presentaron cinco denuncias archivadas contra Celaya para pedir prisión preventiva, argumentando un “patrón reiterado de conflictos con autoridades”.
Además pidieron medidas alternas contra Celaya como prohibirle se acercara o comunicara con los integrantes de ITSON (unos 20 mil estudiantes, más personal) y presentaciones cada 15 días a firma.
La jueza dictó auto de no vinculación a proceso, argumentando que la fiscalía no demostró el perjuicio necesario y que el ITSON se consideraba víctima directa.
El silencio de Palacio de Gobierno
Nada de esto ha sido un secreto para el gobernador. Los correos que Celaya ha enviado a la Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía documentando lo que considera medidas de protección desproporcionadas llevan, desde febrero de 2025, copia directa al gobernador, secretario de Gobierno, fiscal, vicefiscal y al delegado regional. Callan como momias.
Lo que ha vivido, lo que ha tenido que sobrevivir Roberto Celaya es exactamente el patrón que describen Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, Amnistía Internacional y la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, que hacen estos regímenes para callar las voces incómodas; politizando la justicia.
Repito, toda esta persecución judicial es producto de que Roberto Celaya denunciara un presunto daño al erario por parte de personal del ITSON.
LM: ¿Vale la pena seguir?
RC: A la luz de lo padecido y de lo que sigo padeciendo, uno pudiera cuestionarse eso con toda razón, pero al ver la sociedad en general, las generaciones que vienen, los hijos de uno, ¿debemos agachar la cabeza para no tener problemas, aunque la corrupción siga avanzando? Creo que ante estas reflexiones la respuesta a si vale la pena es sí, sí vale la pena.
Por cierto, a Alfonso Durazo lo están investigando en Estados Unidos por la donación de un terreno en San Luis Río Colorado con la mediación de su hijo y, no lo van a creer, ahí quesque para instalar una fábrica de gorras, peeeeero se descubrió que era un centro de inteligencia China ¡Quihúboles!
