+ Despectivo, se presume protegido de Palacio de Gobierno
Xalapa, Ver., 28 Ago-26 (VRed/Julio Argumedo).- Una nueva ola de señalamientos por presunto desvío de recursos, nepotismo, hostigamiento y maltrato laboral coloca bajo el escrutinio público la gestión de Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
De acuerdo con fuentes internas, al interior del órgano jurisdiccional existe inconformidad entre trabajadores, quienes acusan que durante la actual administración se ha generado un ambiente de presión y temor, además de señalar presuntas prácticas encaminadas a afectar las condiciones laborales del personal.
Según los reportes, el conflicto se intensificó durante una sesión extraordinaria convocada con carácter de urgente, en la que presuntamente se establecieron medidas para impedir que los asistentes registraran en audio o video lo ocurrido.
Las mismas versiones señalan que durante el encuentro se habría solicitado a los participantes entregar sus teléfonos celulares u otros medios de comunicación, bajo la advertencia de posibles despidos en caso de intentar realizar algún registro de la reunión.
Los trabajadores también denunciaron presuntas presiones relacionadas con el cumplimiento de cuotas y señalaron que la permanencia de secretarios de estudio y cuenta, así como de personal administrativo, habría sido condicionada al cumplimiento de determinadas exigencias.
Testimonios atribuidos a personas que estuvieron presentes sostienen además que durante la reunión se cuestionó la capacidad técnica del personal jurídico mediante expresiones que consideraron despectivas.
Otro de los señalamientos se relaciona con un supuesto blindaje político del magistrado presidente, quien, según las versiones recogidas, habría hecho referencia a sus presuntos vínculos y cercanía con integrantes del Gobierno del Estado como una forma de advertir que las consecuencias de las inconformidades difícilmente alcanzarían a los responsables.
Uno de los puntos que mayor preocupación ha generado entre el personal son las acusaciones relacionadas con trabajadoras que mantienen procesos o quejas por presunta violencia de género y acoso laboral.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en lugar de atender estos casos bajo protocolos de protección, las quejas habrían sido descalificadas, situación que las afectadas consideran un posible acto de violencia institucional y que, aseguran, podría inhibir la continuidad o ratificación de los expedientes.
Ante estos hechos, se reporta la presentación o integración de nuevas denuncias y carpetas de investigación ante instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque será responsabilidad de las autoridades determinar si existen elementos para acreditar las conductas denunciadas.
Los trabajadores inconformes también han solicitado la intervención del Congreso del Estado de Veracruz para que se investiguen los señalamientos y, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas, políticas o penales que correspondan.
Entre las peticiones planteadas se encuentra el inicio de un eventual procedimiento de juicio político contra el magistrado presidente, al considerar que las presuntas irregularidades estarían afectando no solamente las condiciones laborales del personal, sino también el funcionamiento y la credibilidad del Tribunal Electoral de Veracruz.
Hasta el momento, los señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes y, en respeto al debido proceso, corresponde a las instancias de investigación determinar la existencia de responsabilidades.
La situación mantiene la atención puesta sobre el TEV, particularmente por tratarse de un órgano encargado de impartir justicia electoral en Veracruz, por lo que trabajadores inconformes demandan que cualquier denuncia sea investigada de manera imparcial y que se garantice tanto la protección de quienes han presentado quejas como el adecuado funcionamiento institucional.
