Xalapa, Ver., 25 Sept-26 (Agencias/VRed).- Alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales podrían ser sometidos a procesos penales sin que el Congreso de Veracruz autorice previamente una declaración de procedencia.
La medida forma parte de una reforma al artículo 78 de la Constitución estatal, aprobada por la LXVII Legislatura con 38 votos a favor, nueve en contra y una abstención.
La propuesta fue enviada por la gobernadora Rocío Nahle García y plantea retirar esta protección procesal únicamente a las autoridades municipales señaladas.
El cambio permitiría que la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales ejerzan sus facultades directamente, sin esperar una votación del Poder Legislativo para continuar una investigación o procedimiento penal.
La eliminación no alcanzará a los demás servidores públicos incluidos en el artículo 78, quienes conservarán el régimen vigente, como funcionarios estatales y diputados locales.
Debido a que se trata de una reforma constitucional, su aprobación en el Congreso no es definitiva y el dictamen será enviado a los 212 ayuntamientos, que dispondrán de 30 días para analizarlo y votarlo.
La modificación necesitará el respaldo de al menos la mitad de los cabildos para concluir el proceso legislativo y entrar en vigor.
Morena y el Partido Verde defendieron la iniciativa como una medida para impedir que un cargo municipal obstaculice las investigaciones penales.
Por su parte, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron que el cambio se limite a los municipios y mantenga la protección para otros funcionarios, por lo que los legisladores opositores advirtieron que podría utilizarse para ejercer presión política o aplicar la justicia de manera selectiva.
Recientemente, dos alcaldes pertenecientes a Movimiento Ciudadano fueron desaforados por su presunta participación en diversos delitos y el Gobierno de Veracruz los ha declarado prófugos de la justicia.
Se trata de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, a quienes la Fiscalía General del Estado acusa de homicidio y desaparición de personas, respectivamente.
