AMLO ya tiene más cuidado en las ‘mañaneras’; arresto es el último recurso: consejera del INE

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La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, advirtió que el arresto por 36 horas es la última instancia si se reitera el incumplimiento en la difusión de los programas sociales y logros de gobierno por parte de los servidores públicos durante las campañas electorales.

Ciudad de México., 26 Abr-21 (Agencia).- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, rechazó que se trate de censura el apercibimiento hecho por el organismo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstenga de difundir programas sociales y logros gubernamentales dentro de sus conferencias matutinas.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivodijo que se debe valorar en su justa medida el apercibimiento del INE al presidente, pues “todo lo que abone a un clima de polarización o de hostilidad hacia la autoridad electoral por las decisiones que está tomando” en arreglo a sus deberes constitucionales, no solo es contrario al pacto democrático sino que es “altamente nocivo” y “puede poner en riesgo el buen desarrollo de las elecciones, incluso en el extremo una estabilidad política y social”.

Recordó que la Constitución prohíbe expresamente a los servidores públicos difundan logros de gobierno u obra pública en tiempo de campañas electorales y hasta que se lleve a cabo la jornada electoral. Lo anterior, por un principio de equidad.

Zavala precisó que las restricciones del artículo 134 constitucional también incluyen a las conferencias matutinas del presidente, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que aplicaban para el mandatario “con independencia de que fuera a partir de las preguntas formuladas por las y los periodistas, o la información propia que se colocara del gobierno”.

Indicó que los integrantes de la Comisión de Quejas del INE analizan los recursos presentados al respecto. En el caso de la conferencia del viernes 16 de abril, se dictó una tutela preventiva para que no se promovieran los programas sociales como logros del gobierno, ya que ello resultaba violatorio de los artículos 41 y 134 de la Constitución.

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