Ciudad de México, 12 Oct-26 (Agencias/VRed).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hizo un llamado a las autoridades de Jalisco a respetar los derechos humanos a la protesta social, la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica con motivo de los hechos “represivos” ocurridos durante la manifestación por el derecho al agua, realizada ayer en Guadalajara.
En un comunicado, indicó que todos los órdenes de gobierno tienen la obligación de adoptar medidas que permitan el ejercicio de estos derechos, garantizando la seguridad e integridad de las personas participantes.
Ayer, ciudadanos y personas defensoras participaron en una manifestación en la capital de Jalisco para exigir a las autoridades soluciones inmediatas ante el deterioro de la calidad del agua suministrada en distintas colonias de la zona metropolitana.
La movilización inició en la Glorieta de La Minerva y se dirigió hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de Seguridad Pública estatal.
Durante los acontecimientos, elementos del llamado Escuadrón Antimotines, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, habrían utilizado gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a las personas congregadas.
El organismo mencionó que de acuerdo a la información difundida, se reportaron detenciones arbitrarias, así como afectaciones físicas derivadas de los enfrentamientos y de la dispersión policial. Señalamientos, dijo, que requieren la respuesta de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar, conforme a derecho, las posibles responsabilidades.
“No pasa desapercibido para este organismo nacional que la movilización se presenta en un contexto de una crisis prolongada por la calidad del agua potable en Guadalajara y municipios metropolitanos, ya que, conforme a información que es pública, los residentes de distintas colonias han denunciado recibir agua contaminada, lo que ha generado preocupación por sus posibles efectos sanitarios y por las condiciones del sistema de abastecimiento, provocando varias movilizaciones durante la última semana”, aseguró.
La CNDH ha advertido anteriormente, a través de la Recomendación General 46/2022, dirigida a todos los gobiernos de los estados, que la protesta social es una manifestación del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales en la materia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos, a los que México se encuentra obligado a dar cumplimiento.
Por ello, afirmó, es preocupante que nuevamente se recurra al empleo de medios coercitivos y represivos para la dispersión violenta de manifestaciones, como los utilizados en la protesta de ayer por el gobierno de Jalisco, máxime cuando lo que los mexicanos anhelamos es dejar atrás esas oscuras épocas.
“Llamamos a reconocer que la protesta pacífica constituye una forma de resistencia social frente a la vulneración de derechos y al predominio de intereses de grupos reducidos, así como una vía para reivindicar la soberanía popular y restablecer el orden democrático”, aseveró.
En consecuencia, las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen la obligación de adoptar medidas que permitan el ejercicio de estos derechos, garantizando en todo momento la seguridad e integridad de las personas participantes, así como el respeto a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas en cualquier actuación de las fuerzas de seguridad.
Informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que es el órgano legalmente facultado para conocer de este tipo de asuntos, está haciendo el seguimiento de los hechos y acompañando a las personas detenidas; que se abrió ya el acta de investigación 41 y que se dictaron medidas cautelares para garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas.
En ese entendido, ofreció su cooperación y apoyo, en caso de ser requeridos, en el ámbito de sus atribuciones, atenta a la evolución de estos acontecimientos.
