La Aldea.- Por Leonardo Kourchenko
Morena pretende blindar el próximo proceso electoral por todas las formas posibles. Una de las más importantes, la informativa, aplicando una serie de medidas que limitan la libertad de expresión.
La reciente iniciativa aprobada y firmada para reducir los mensajes agresivos y de odio en redes sociales tiene un rebote en las próximas campañas electorales.
El pretexto es proteger a los jóvenes y a las audiencias de la exposición de materiales violentos y de lenguaje agresivo. El problema es quién decide cuál es ese lenguaje y en contra de quién.
Si un votante en medio de Michoacán o de Sinaloa publica o postea mensajes relativos al narcotráfico y la política, a la violencia y la inseguridad con que los criminales azotan docenas de ciudades, señala a gobernantes asociados con el crimen, ¿eso puede ser considerado agresivo, o mensaje nocivo para la sociedad?
Imponer controles y medidas limitantes a la libre expresión siempre ha tenido, en todos los escenarios y geografías, efectos negativos.
Pero los intentos de Morena no concluyen ahí.
Con mucha mayor gravedad se conoce ahora la existencia de una iniciativa de ley que estaba prevista para ser discutida en comisiones la semana siguiente en la Cámara de Diputados, que contiene —escuche usted— la anulación de las elecciones por cobertura informativa indebida.
La iniciativa fue retirada del orden de discusión porque aseguran en San Lázaro que necesitaba unas correcciones, seguramente para “suavizar” o “encubrir” el verdadero propósito del proyecto.
¿Qué significa una cobertura informativa indebida?
¿A juicio de quién o de quiénes —los funcionarios del gobierno con toda probabilidad— decidirán quién incurre en tan barroca calificación?
Afirmar que una cobertura informativa basta para desviar un resultado electoral es extremadamente peligroso, porque cualquier información, reportaje o investigación difundida por un medio o incluso en redes puede ser utilizada como instrumento para anular una elección que el aparato del poder pueda perder en las urnas.
Hablar de que al ahora candidato Pío López Obrador recibió sobres amarillos con dinero en pasados procesos electorales, ¿será una cobertura “indebida”?
Informar al electorado y a la audiencia en general acerca de los errores, faltas, vínculos sospechosos de aspirantes y candidatos, ¿será una cobertura informativa “indebida”?
Morena pretende hacerse de una serie de instrumentos de control y manipulación electoral para asegurar su victoria a toda costa.
Y si los resultados son adversos en una o más entidades, pretenderá hacer uso de estos instrumentos “legalizados” a fuerza de su mayoría —esa sí ilegal— en la Cámara de Diputados.
Estamos frente a un escenario de enorme riesgo de manipulación electoral, de control informativo y de fraude.
La iniciativa no difundida establece cuándo una cobertura informativa fuera de las campañas causará nulidad del proceso.
Ya no podremos hablar de los fracasos del morenismo en las obras de infraestructura, en la salud en ruinas o la educación reprobada a nivel internacional. No podremos presentar evidencias acerca de los vínculos de candidatos con el huachicol —Andy López Beltrán—, con el dinero ilícito en campañas —Pío López Obrador—, o con los corruptos de los gobiernos y de todos los partidos. Puede ser considerada información causante de nulidad.
La iniciativa en estos momentos está en discusión, y será modificada en los próximos días.
Lo inaudito es su sola existencia.
La información nunca es inoportuna, mucho menos indebida. Toda información que contribuya a que los electores conozcan mejor la realidad de su país y de quienes pretenden representarlos, es vital, oportuna, valiosa y trascendente.
El gobierno no quiere que se hable más del fracaso del Tren Maya, o de Dos Bocas, o de una política energética que lleva a la quiebra al país.
No quiere que se realice cobertura de los narcopolíticos, de los narcoestados, en alianza, negociación y pactos evidentes con grupos criminales. De eso nada.
Sólo de las promesas de campaña, de los discursos y el rosario de insensateces que los candidatos regalan en plazas y mítines.
Una vez más, el mal llamado movimiento progresista de México demuestra su profunda raíz autoritaria, censora y fraudulenta.
Si estalla un nuevo escándalo de corrupción en un gobierno estatal durante la campaña electoral, ¿no se podrá hablar de ello porque resulta indebido para el partido que gobierna?
