El 2020, año con el mayor número de homicidios contra periodistas de la última década

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El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración dijo que el 2020 encabeza la lista de homicidios contra periodistas en la última década.

Ciudad de México., 25 Nov-20 (Agencia).- Diecinueve homicidios, la cifra oficial de víctimas periodistas en México durante el 2020,  y con lo que se convierte en el año con más homicidios de comunicadores de la última década.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, informó sobre los homicidios y agravios cometidos contra personas periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión. Afirmó que la última década ha sido la más violenta para los periodistas en México.

“Lamentablemente en los últimos diez años hemos sido una década de una enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país”, aseveró.

Según los datos que se presentaron durante la conferencia matutina de este miércoles, en los últimos tres años  los homicidios de periodistas han tenido un repunte significativo. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se registraron dos homicidios durante diciembre del 2018, 17 en 2019 y, finalmente, 19 en lo que va del año en curso.

Los estados con más asesinatos

Cinco estados del país concentran el 51% de casos: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua. Sin embargo, de los 38 homicidios que se han cometido en la actual administración, el 42% de los casos se centran en tres entidades: Sonora, Guerrero y Veracruz.

Alejandro Encinas afirmó que algunas de las víctimas estaban incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Desde el año de creación del mecanismo, en 2017, se han registrado el asesinato de seis periodistas. Del total de estos casos, solo en tres se tienen a presuntos responsables bajo proceso de carácter penal.

Además de los homicidios, en los últimos cinco años se han registrado mil 52 agresiones a periodistas. Estas van desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a oficinas. El 40% de estas agresiones son atribuidas a servidores públicos, en especial en el ámbito municipal.

En cuanto a detalles sobre el perfil de los periodistas, el subsecretario señaló que el 17% fueron mujeres, mientras que el otro 87% eran hombres. A su vez, estos se dedicaban a cubrir notas rojas, notas policiales, notas de carácter político.

También se cometieron homicidios contra periodistas que se dedicaban al ámbito deportivo y cultural, y se tiene registrado un caso de homicidio contra un periodista de investigación.

Por otro lado, el perfil del agresor se vincula en un 73% a actividades delictivas, el 26% a la delincuencia organizada, el 47% a la delincuencia común y el 9% de los casos se responsabiliza a servidores públicos.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración afirmó que no hay un avance en los procesos judiciales, por impunidad, siendo que el 5% de los 38 homicidios registrados en la última década cuentan con una sentencia. Sin embargo, señala que para los demás casos se han abierto carpetas de investigación que siguen en proceso.

En lo que va de la administración de López Obrador se han incorporado 516 personas al Mecanismo Federal de Protección, lo que equivale a un incremento del 60% a comparación con las 798 personas que eran antes. Actualmente hay un total de 1313 personas incorporadas.

De estas, 426 son periodistas y 887 son defensores de los derechos humanos. Esto, en un universo donde se tienen registrados al menos 203 mil  755 periodistas y 39 mil organizaciones de la sociedad civil.

Encinas Rodríguez señaló una ruta para enfrentar las circunstancias, que comienza con la consolidación de un sistema nacional de protección integral que garantice la consolidación de una política de Estado que proteja la seguridad y la libertad de expresión.

También afirmó que se seguirá con acciones municipales, reafirmando el trabajo con estas. Se revisará el marco normativo y se reforzarán las capacidades locales asociadas a la construcción de unidades estatales de protección. De esta forma, los estados tendrán la capacidad de responder rápidamente al problema.

“El reto fundamental es que tenemos que impulsar que las Fiscalías estatales y la fiscalía especializada en la atención de los delitos contra la libertad de expresión cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la impunidad que prevalece lamentablemente en esta situación”, finalizó.

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