En Primera Fila.- Por Atzayaehl Torres
El decomiso histórico de supuesto huachicol robado fue una de las noticias más importantes de la semana pasada.
Y es que 59 millones de litros de combustibles robados no es cualquier cosa. Se trataba de un golpe certero a una de las actividades ilícitas que persisten como uno de los capítulos más vergonzosos del México moderno.
Como tal, el robo de combustibles no es noticia. Sin embargo, anunciar su desaparición, por decreto, como ocurrió en el gobierno pasado, sí es novedoso, y más aún cuando se destapan sendas y elaboradas estructuras del crimen organizado bajo el amparo de políticos y gobernantes, como ha quedado manifiesto en diferentes investigaciones periodísticas.
En este contexto, el decomiso en San José Iturbide, Guanajuato, anunciado por el Gobierno de México, se vino abajo cuando la empresa SIMA, operadora de las instalaciones de Gas Natural del Noroeste, aclaró que cuenta con los permisos y negó tajantemente que se trate de hidrocarburos robados, como anunció la Fiscalía.
Por si fuera poco, desde Estados Unidos, empresas ExxonMobil, Shell y Marathon, entre otras, afirman que no solo son usuarias regulares de la terminal en la comunidad de La Fragua, sino que niegan rotundamente nexos con los combustibles supuestamente robados.
En este sentido, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene pendiente explicar cómo es que se llegó a la conclusión de que los 59 millones de litros son de huachicol. Estamos frente a una crisis de credibilidad. Ante la urgencia de anunciar golpes contundentes al crimen organizado en medio de negociaciones de todo tipo con el gobierno de Donald Trump, se corre el riesgo de apresurar procesos y cometer errores.
Aquí, es importante que el gobierno mexicano aclare qué pasó en San José de Iturbide, pues a decir de la SSPC, todo comenzó por una pipa de huachicol que detuvieron, y misma que al ser rastreada, los llevó hasta la terminal de almacenamiento. Lo que pasó después no está claro, y merecemos una explicación.
EL ACUERDO QUE ESTÁ EN JUEGO
Hay otra arista en el asunto del Gran Consejo Maya de Quintana Roo que empieza a generar inquietud: hasta dónde puede llegar una resolución judicial cuando entra en juego un acuerdo alcanzado por una institución indígena en ejercicio de su propia autonomía.
El Consejo está defendiendo su capacidad para dialogar y construir acuerdos con instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas privadas. Su argumento es que, si la ley reconoce su representación y sus formas de organización, también debe reconocerse su capacidad para decidir cuándo y bajo qué condiciones establece esos acuerdos.
Por eso, detrás del expediente que nuevamente deberá revisar la Suprema Corte hay una discusión que rebasa el caso concreto: qué alcance tienen en la práctica la autonomía y las decisiones de las instituciones indígenas reconocidas por las propias leyes estatales.
Para el Gran Consejo Maya, desconocer esa capacidad también significa desconocer sus derechos.
