Ciudad de México, 12 May-26 (Agencias/VRed).- Carlos González García, abogado agrario e integrante de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, acusó a los gobiernos municipal de Chilapa, estatal de Guerrero y el federal, de hacer caso omiso a los ataques del grupo criminal Los Ardillos contra las comunidades de Autlán de Tula, Acatlán y Ahuacuotzingo, en dicha localidad.
González García señaló en entrevista con La Jornada, que a pesar de varios días de violencia contra la comunidades nahuas de la Montaña Baja, que se agravó con el hallazgo de cuatro cadáveres en la carretera Chilapa-Tlapa, dos de éstos de integrantes del Cipog-EZ, hasta ahora no hay contacto con la mandataria estatal, Evelyn Salgado.
Aseveró que “la edil de Chilapa, Mercedes Carballo, está coludida, ya que es cuñada de Celso Ortega, quien es el jefe de Los Ardillos; la Guardia Nacional, el Ejército y la policía estatal no han actuado a pesar de que los ataques y bombardeos son notorios”.
Acusó a Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno de Desarrollo Político y Social, de minimizar la situación. “Dijo que no pasaba nada, que sólo había 90 desplazados, cuando son más de mil. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad de los civiles, de su integridad física, sus derechos, sus bienes, estamos hablando de 76 muertos y 25 desa-parecidos en los últimos 10 años desde que Los Ardillos ataca las comunidades”.
El defensor apuntó que desde 2015, después del asesinato de los hermanos Beltrán Leyva y la desintegración de ese cártel, nacieron los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos, los cuales comenzaron una guerra violenta por el control de los territorios.
A partir de 2020 Los Ardillos asumen el control y realizan acciones violentas contra las poblaciones de la Montaña Baja para someterlos a que siembren amapola, “es ahí que las comunidades se negaron a hacerlo y se origina la violencia”.
González García recordó que en 2020, dicho grupo narcoparamilitar asesinó a 10 músicos cerca de Chilapa. “Las corporaciones de seguridad no realizan ninguna acción de logística ni de fuerza que permita desarticular al cártel, sólo realizan algunos recorridos, no hay acción del Estado”, reprochó.
“Nosotros hemos realizado una autodefensa, tenemos un sistema de policía comunitaria que es una institución un tanto vieja en las comunidades indígenas de la Montaña y la Costa Chica que viene desde los años 90. Nos enfrentamos a la delincuencia organizada para tener paz en la región, ahora las familias se desplazan y resguardan en escuelas, canchas y espacios abiertos.”
