
La Aldea.- Por Salvador Camarena
México es ese país donde sin más le entregas las llaves de un auto a un valet y, al mismo tiempo, sabes en la superficie de la panza (donde anidan las certezas, no sólo las intuiciones) que si al coche le pasa algo quién sabe cómo se ponga la batalla con el seguro que tienes contratado, que puede no servir de bendita la cosa. Esa es una de nuestras definiciones de confianza.
La cotidianidad nacional está construida de una insondable confianza. Nos la jugamos –confiando en que amanecimos con el pie derecho o en que San Judas, patrón de causas difíciles, nos mirará bonito– a que el Metro y más aún el Metrobús, en el caso de la CDMX, pasarán más o menos a tiempo y más o menos aperrados como para podernos subir a la primera, máximo a la segunda. Confiar antes que exigir.
En auto no confiamos en Waze ni en Google Maps. No confundir resignación con confianza. Revisamos el navegador para comprobar que ningún milagro sucedió y la carga vehicular de la que somos parte estáotravezhastasumadre; nadie cree que hará el tiempo que dice la app, todo lo contrario: confiamos en que al menos avise cuando por una marcha que sale de la nada (ajá) toda nuestra ruta se va al carajo.
¿Qué es más probable, que particulares separen a dos conductores que riñen tras un percance vial, o que la policía acuda y ponga orden? Obvio, lo primero.
El común denominador de todas esas situaciones, ejemplos tan culturales como cotidianos, es la ausencia de autoridad, del gobierno.
Desde hace demasiado tiempo se cuenta que en una acera es menos inseguro caminar hacia donde está un probable ladrón que hacia donde se divisa a un policía. Detrás de ese mal chiste hay siglos de pésimas experiencias. Así que los asuntos entre privados se resuelven a la buena de los dioses, y en demasiadas ocasiones los particulares prefieren que el gobierno esté al margen.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, mayo 2026) tiene estadísticas sobre eso. Al preguntar sobre el “grado de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores”, los cinco primeros lugares de la respuesta de “mucha o algo de confianza” son: familiares, universidades públicas, escuelas públicas, compañeros de trabajo, vecinos.
En esa encuesta y sobre la misma pregunta los institutos electorales, con 48.1%, aparecen debajo de comisiones de derechos humanos (54.2%) y sobre el gobierno federal (46.1%). Al final están partidos políticos (23.9%), y un nivel arriba del fondo el Congreso, con 29.7%.
Ayer cuatro expresidentes del IFE/INE apelaron al régimen a que defina por consenso la presidencia vacante del Instituto Nacional Electoral. A través de un genuino esfuerzo para concitar a todas las fuerzas, argumentaron, se logrará dotar de confianza al árbitro.
En la citada encuesta, entre 2023 y 2025 los institutos electorales perdieron 6.6 puntos de confianza, mientras que el gobierno federal dilapidó el doble: 12.6 puntos; aun así, el problema es que éste cree que puede arreglar “la confianza” en aquéllos. Lo dicho, tenemos una muy rara relación con la confianza, pero con el INE confirmamos la regla nacional: ha sido mejor cuando el gobierno no se mete.
Ayer mismo voceros del gobierno desestimaron el llamado de los expresidentes del IFE/INE. Lo hicieron dando, entre otros argumentos, que qué credibilidad (variable de confiable) tenían. Ya vimos dónde quedó, Alfredo, la de la expresidenta Guadalupe Taddei, elegida por el régimen. El INE inspira más confianza que el gobierno, y eso sí calienta, diría YSQ.


