La Feria.- Por Salvador Camarena
Gobernar es priorizar. La Presidencia de México dedica bastante de su tiempo público a diatribas contra la oposición, los activistas, la prensa y los académicos. ¿Qué pasaría si esos recursos gubernamentales se invirtieran en la seguridad?
Las escenas de un choque entre fuerzas armadas y criminales ayer en Ocotlán, Jalisco, son al mismo tiempo novedosas y típicas. Ese tiroteo llama la atención porque afecta a una importante comunidad y porque es un recordatorio de que la amenaza criminal sigue ahí.
Se ha consumido un tercio del sexenio. El gobierno asegura que en dos años ha bajado a la mitad los homicidios. El dato sería atendible si la presidenta diera la orden a su equipo de abrir un debate permanente sobre tales números y, mejor aún, sobre la estrategia.
Es iluso pensar que el gobierno puede solo ante el fenómeno criminal que azota a México desde hace décadas. Lo malo es que es el propio gobierno el que parece plantearse tal reto. Y no sólo eso, sino que creen que además pueden gastar parte de la pólvora en otros “infiernitos”.
Esos “infiernitos” son las grillas que consumen demasiada tinta y demasiada energía y tiempo de actores que podrían, mejor, detenerse a ver lo que informó el INEGI esta semana en su Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
Con sólo tres datos, el panorama queda establecido: una de cada cuatro empresas en México reporta ser víctima de algún hecho delictivo; la extorsión es ahora prácticamente la cuarta parte de los delitos reportados por los encuestados y, en el peor de los mundos, sólo uno de cada 10 de esas violaciones a la ley en contra de quienes emprenden son denunciados a la autoridad.
Al igual que con el enfrentamiento en Ocotlán, ¿a alguien sorprenden estos datos del INEGI? Quizá el de la cifra negra de noventa por ciento sea una cosa reveladora de la dimensión del reto, pero, por lo demás, la noticia es que la encuesta confirma el desolador escenario.
Así nos podemos seguir a un estado como Sinaloa, donde la publicitada presencia de las más altas autoridades anticrimen del país no hace sino más claro el contraste entre una situación fuera de control por más de dos años y las promesas de la Federación de lograr la paz.
El periodo electoral, por si fuera poco, nos trae también noticias de violencia. Un aspirante de Morena a la alcaldía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado el miércoles en una cabalgata a plena luz del día. El crimen recuerda una vez más que el crimen quiere mandar sobre la política y que le da lo mismo si el aspirante es del propio partido de la presidenta de la República.
Desde octubre, la opinión pública se ha ocupado del affaire Taddei. Es un culebrón sabroso, sin duda. Pero las autoridades de todo nivel y los políticos realmente comprometidos con el país, sin distingo de su filiación ideológica, debieran separar el grano de la paja del morbo.
Lo de Taddei ha de aclararse, perseguirse y castigarse. Sin duda y puntualmente. Pero se ha vuelto un distractor de temas urgentes como la violencia. Encima, se ha convertido en un nuevo factor que hace más profunda la imposibilidad del diálogo y de la colaboración.
También es cierto que las fuerzas del orden han dado golpes al crimen en las últimas semanas; varias de esas detenciones sirven a intereses de Estados Unidos, lo que provoca suspicacia sobre si las prioridades están sólo en lo que demanda Washington.
En todo caso, hablemos más sobre esos golpes y menos sobre Taddei. Priorizar la seguridad nos conviene a todos. Literalmente.
