Ciudad de México, 14 Oct-26 (Agencias/VRed).- La mayoría de Morena y aliados aprobó este miércoles en el pleno del Senado la polémica Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que se modernizará el registro de la propiedad en las 32 entidades federativas del país con el argumento de prevenir el fraude inmobiliario, los despojos, las dobles inscripciones y los problemas de titularidad.
Sin embargo, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que esta ley abre la posibilidad de que aumente el costo del predial para los ciudadanos, en virtud de que el registro actualizará el valor catastral de las propiedades.
El proyecto fue aprobado por 69 votos en favor de Morena, PT y PVEM, y el voto en contra de 32 senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. La mayoría oficialista rechazó todos los cambios propuestos por la oposición a ley, principalmente para garantizar que no aumentará el costo del predial.
La ley ordena a la Agencia Digital de Transformación crear una plataforma donde se expedirá a los ciudadanos la Cédula Única Catastral y Registral (CUCR), a la cual podrán acceder los ciudadanos mediante su cuenta Llave. En tribuna, senadores de oposición dijeron estar de acuerdo en que se modernice el registro de inmuebles y que los trámites se agilicen.
Sin embargo, la priista Carolina Viggiano destacó que con esta nueva ley, el gobierno federal, y no los municipios y los estados como hasta ahora, sabrá cuánto cuesta cada predio, cuánto mide, qué tiene construido y quien es el dueño.
“Morena nos dirá que la ley no sube el predial, y es cierto. No cambia la tasa, pero el predial se calcula con base en el valor catastral de cada casa; si te cobran el mismo porcentaje y ahora el gobierno dice que tu casa vale más, pues pagas más aunque nadie haya tocado la tasa. Ese es el predialazo por la puerta de atrás”, señaló.
El senador panista Francisco Ramirez Acuña consideró que esta ley es inconstitucional, porque el gobierno federal, “para quién sabe qué fines”, pretende despojar a los ayuntamientos de la facultad de regular el predial.
La senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano destacó que con esta ley, el gobierno federal busca que, “de aquí en adelante, los impuestos que pague la ciudadania ya no sean sobre el valor catastral, sino que sean sobre el valor comercial, por eso es que afirmamos que este es un predialazo disfrazado de modernidad”.
La nueva ley ordena a la autoridades intercambiar la información necesaria para identificar, actualizar y detectar inconsistencias en los inmuebles.
Además, obligan a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a compartir los lineamientos, publicar las pautas para integrar la Clave Única Catastral y la Cédula Única.
También ordena poner en marcha la Plataforma Catastral Municipal y la Plataforma de Registros Públicos de la Propiedad.
Compleja su implementación
El especialista inmobiliario, Miguel Saucedo, mencionó que armonizar el registro catastral será un reto complejo y tendrá impactos fiscales.
Saucedo advierte que la ley enfrenta un reto complejo y «romántico» en su aplicación práctica debido a las profundas desigualdades tecnológicas y administrativas entre los catastros y registros públicos de las 32 entidades del país.
Además, explicó que existen contrastes marcados, como los avances digitales de Nuevo León frente a los graves problemas registrales de Oaxaca o los pendientes en la Ciudad de México, donde hay más de 17 mil escrituras sin inscripción.
El especialista inmobiliario mencionó que se estima que menos del 30% de los inmuebles en México están completamente regularizados; en zonas rurales el porcentaje baja al 12% o 13%, y en la Montaña de Guerrero es inferior al 2%, debido a propiedades adquiridas con contratos privados, sucesiones no formalizadas o terrenos ocupados por generaciones sin escrituras.
En el tema fiscal, el experto dijo que la actualización catastral podría reflejar diferencias en los metros cuadrados construidos reales frente a los registrados (por ejemplo, pasar de 50 a 300 metros), lo que repercutirá directamente en el cálculo del impuesto predial.
Finalmente cuestionó que el sistema nacional pueda operar al 100% en enero de 2027 sin antes resolver los problemas estructurales y de regularización de cada entidad.
