Xalapa, Ver., 16 Jun-26 (VRed/Julio Argumedo).- Representantes de 62 organizaciones sindicales de Veracruz solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García ante lo que consideran una afectación a miles de trabajadores próximos a jubilarse, derivada de la aplicación de un nuevo criterio para el cálculo de las pensiones por parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que estaría provocando reducciones de entre 27 y 40 por ciento en los montos a recibir.
Durante una conferencia de prensa, Elsie Hernández Cárdenas, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y portavoz de 62 organizaciones sindicales, informó que ya solicitaron formalmente una mesa de trabajo con la mandataria estatal, el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y el director del IPE, Octavio Lara.
“No queremos que se entere por las tarjetas que los asesores le envían, tampoco queremos que lo lea en un resumen de un informe; queremos que nos escuche”, expresaron los representantes sindicales al hacer un llamado directo a la gobernadora.
Los inconformes señalaron que desde finales de 2024 comenzó a aplicarse de manera generalizada el criterio del promedio ponderado de salarios de cotización para calcular las pensiones, incluso a trabajadores que ingresaron al servicio bajo las leyes 5 y 20, vigentes antes de la reforma de 2014.
Según explicaron, esta situación afecta a quienes buscan acceder a pensiones por jubilación, vejez, invalidez, incapacidad, así como a beneficiarios de pensiones por orfandad o fallecimiento.
“Nuestra base trabajadora está sufriendo un ajuste de hasta un 40 por ciento de reducción en el monto del salario base de cotización al momento de obtener una pensión”, denunciaron.
Los dirigentes sostienen que los derechos adquiridos por trabajadores incorporados antes de la entrada en vigor de la Ley 287 deben respetarse, particularmente en lo referente al reconocimiento del último salario base de cotización para el cálculo de la pensión.
Como ejemplo presentaron el caso de una trabajadora de la Secretaría de Finanzas y Planeación identificada como Lucila. De acuerdo con la explicación, en 2024 percibía un salario mensual de 14 mil 566 pesos tras diversos ascensos escalafonarios; sin embargo, el IPE únicamente le reconoció 10 mil 509 pesos para calcular su pensión.
“Pasamos de 14 mil 566 pesos que el Instituto debía reconocerle para causar baja, a solamente 10 mil 509 pesos. La trabajadora se siente triste y defraudada porque tuvo una disminución de prácticamente el 27 por ciento de su salario”, señalaron.
Los representantes sindicales cuestionaron que mientras las aportaciones al IPE se descuentan de manera puntual sobre la totalidad del salario cotizable, al momento de pensionarse se utilice un mecanismo distinto para determinar el monto del beneficio.
“A mí de manera puntual, quincenal y oportuna me retienen el porcentaje establecido en ley sobre el 100 por ciento de mi salario base de cotización y, por ende, tengo derecho a irme con el último salario cotizado al momento de causar baja”, argumentaron.
Aseguraron que la problemática no se limita a un solo sector y alcanza a trabajadores del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía General del Estado, Universidad Veracruzana, organismos públicos descentralizados, sector salud y magisterio.
Aunque no precisaron una cifra de afectados, señalaron que se trata de miles de trabajadores próximos a cumplir los requisitos para jubilarse.
“Tenemos prácticamente al 50 por ciento de las bases que ya están por cumplir los 30 años de servicio o están ya cumpliéndolos y que no han podido programar su beneficio de jubilación porque ahora el instituto está realizando este tipo de ajustes”, indicaron.
Los dirigentes afirmaron que desde febrero han buscado reuniones con distintas autoridades sin obtener una respuesta definitiva y reiteraron que su intención no es confrontarse con el Gobierno del Estado.
“No venimos a golpear, no venimos a señalar a la gobernadora. Queremos que nos escuche”, manifestaron.
Asimismo, adelantaron que analizan diversas acciones legales de manera individual, aunque insistieron en privilegiar el diálogo para encontrar una solución.
Finalmente, informaron que el pasado 15 de junio entregaron un oficio dirigido a la gobernadora Rocío Nahle, recibido con el folio 6204, mediante el cual solicitan formalmente una audiencia para exponer los casos de trabajadores afectados y revisar los criterios de cálculo que actualmente aplica el Instituto de Pensiones del Estado.
