Crónicas del poder.- Por José Luis Pérez Cruz
- Vladimir y el nepotismo
Las herencias de Eusebio
El pueblo puede arder
En política municipal, los primeros meses de gobierno suelen marcar el tono del cuatrienio.
No por la magnitud de las decisiones, sino por las señales que se envían. En Tatahuicapan de Juárez, esas señales hoy no son alentadoras.
A pocas semanas de haber iniciado la administración encabezada por el alcalde Vladimir González Martínez, el discurso de cambio con el que llegó al poder enfrenta su primera y más seria contradicción: las acusaciones de nepotismo y continuidad de prácticas que la ciudadanía creía superadas.
La inconformidad social no surge en el vacío.
El fin de semana, ciudadanos, ex colaboradores de campaña y figuras políticas locales tomaron el Palacio Municipal con reclamos directos y claros.
Las consignas —“Queremos gente nueva”, “las plazas no son herencia”— resumen un malestar profundo: la percepción de que el Ayuntamiento sigue funcionando como un patrimonio familiar y no como una institución pública al servicio de la comunidad.
El señalamiento central es doble. Por un lado, la permanencia en la nómina de funcionarios de la administración pasada, encabezada por Eusebio González Hernández, padre del actual alcalde.
TODO QUEDA EN FAMILIA
Por otro, la designación de familiares directos de Vladimir González Martínez en áreas estratégicasdel gobierno municipal. La lista difundida por los propios inconformes no es menor: Iván González Martínez, tesorero; Jairo González Hernández, en el Comude; Tomás González Hernández, en Seguridad Pública; además de Leonel Santiago Hernández y Milka Santiago Hernández, cuñado y cuñada del alcalde, respectivamente.
Más allá de la legalidad estricta —que deberá ser revisada por las instancias correspondientes— el problema es político y ético.
En municipios con una larga historia de cacicazgos, la línea entre lo legal y lo legítimo es especialmente sensible.
Un gobierno que promete transformación no puede permitirse decisiones que, aun siendo defendibles en el papel, resulten indefendibles ante la opinión pública.
El malestar se agrava por otro factor: la contratación de personal proveniente de municipios como Mecayapan, Jáltipan, Texistepec, Chinameca y Pajapan, mientras habitantes de Tatahuicapan aseguran seguir excluidos del acceso al empleo público, pese a contar con preparación y experiencia.
En comunidades con altos índices de marginación, el Ayuntamiento no es solo un espacio administrativo, sino una de las pocas vías de movilidad económica. Negar esa posibilidad a los propios habitantes tiene un costo social alto.
La reacción del alcalde tampoco ayudó a desactivar el conflicto. Limitarse a anunciar que atendería a los manifestantes “el próximo lunes”, sin responder de fondo a los señalamientos, fue interpretado como evasión.
En contextos de tensión social, el silencio no es neutral: suele leerse como confirmación.
EL RECLAMO DESDE ADENTRO
Quizá el elemento más revelador de esta crisis es que la crítica no proviene únicamente de la oposición o de actores externos, sino del propio entorno político y familiar del alcalde.
Pedro Castelo González Hernández, tío de Vladimir González y hermano del ex alcalde Eusebio González, reconoció públicamente la existencia de nepotismo y se deslindó de la actual administración.
Su declaración es contundente no solo por lo que dice, sino por quién lo dice: un ex coordinador de campaña que admite haber advertido, antes de la toma de protesta, que un gabinete “viciado” provocaría inconformidad social.
A estas voces se sumó Cornelio Bautista Hernández, también ex coordinador de campaña, quien cuestionó la falta de congruencia entre el discurso electoral y las decisiones de gobierno. Cuando los reclamos vienen desde dentro, el problema deja de ser percepción y se convierte en síntoma.
El escenario inmediato es delicado.
Si la administración de Vladimir González Martínez no realiza una depuración real de la nómina, no transparenta los criterios de contratación y no corrige la presencia de familiares en áreas clave, el conflicto puede escalar.
Las protestas podrían intensificarse, la gobernabilidad debilitarse y la imagen del gobierno municipal quedar marcada desde su arranque.
A futuro, el riesgo es mayor: normalizar estas prácticas no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que perpetúa el ciclo que Tatahuicapan dice querer romper.
El nepotismo no es solo un problema administrativo; es una forma de exclusión política que clausura la posibilidad de un gobierno verdaderamente representativo.
El alcalde aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero el margen se estrecha rápido.
En política local, la credibilidad no se recupera con discursos, sino con decisiones. Y hoy, en Tatahuicapan, la ciudadanía está esperando hechos.
