Ciudad de México, 29 Sept-26 (Agencias/VRed).- Al cumplirse hoy cinco meses de que una fiscalía en Estados Unidos acusó de narcotráfico al senador Enrique Inzunza, integrantes de la Alianza Nacional de Abogados acudieron este martes al Senado para entregar más de 20 mil firmas ciudadanas que exigen la separación del cargo del senador.
Inicialmente, personal de resguardo parlamentario impidió el ingreso al Senado de los activistas, e incluso a la senadora por Sinaloa, Paloma Sánchez, quien invito a los ciudadanos.
Alrededor de las 11:00 horas, una comitiva de aproximadamente 20 personas intentó entrar a la sede legislativa para entregar el documento en la Oficialía de Partes. Los elementos de seguridad impidieron el acceso argumentando “órdenes de arriba”.
Ante el bloqueo, la promotora de la iniciativa, Vania Pérez Morales, y los abogados denunciaron ante medios de comunicación que ningún legislador de Morena aceptó atender el reclamo ciudadano.
La petición, dirigida al presidente del Senado, Higinio Martínez, ya contaba con acuse de recibido previo en la Cámara de Diputados.
Ante la negativa inicial de la seguridad de la Cámara Alta, la senadora priista Paloma Sánchez intervino directamente para exigir el acceso de los manifestantes, permitiendo que ingresaran 20 minutos después.
Ya en el interior, durante el trayecto hacia el patio central, los integrantes del colectivo gritaron: “¡Fuera Inzunza!, ¡fuera Inzunza!”.
Pérez Morales acusó a las autoridades legislativas de complicidad y encubrimiento por intentar frenar la entrega del pliego, recolectado y procesado a través de la plataforma Change.
“La petición no es sobre una persona ni sobre un senador en particular. Se trata de qué tipo de representantes queremos tener y qué estándar de integridad debe exigirse a quien ocupa una responsabilidad pública”, enfatizó la activista.
La protesta coincide con el cumplimiento de cinco meses desde que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones por supuestos nexos con el crimen organizado contra Inzunza Cázarez y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, entre otros exfuncionarios.
Tras dicha revelación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo, Inzunza acumuló más de 100 días de inasistencia presencial al pleno y el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a autoridades de Estados Unidos.
