Tonayán, Ver., 4 Nov-26 (La Jornada/VRed).- Eusebio Díaz Barradas, de 89 años, denunció un presunto intento de despojo de un terreno de su propiedad por parte del ayuntamiento de Tonayán, Veracruz, al que acusa de presentar documentos con inconsistencias para reclamar la posesión de un inmueble que, asegura, adquirió hace más de 50 años.
Arminda Díaz Martínez, hija del afectado, expuso una serie de presuntas irregularidades en el procedimiento legal que enfrenta su padre, quien además tiene una discapacidad auditiva que, señala, le dificulta enfrentar el proceso por sí mismo.
De acuerdo con la familia Díaz, el predio conocido como “Plaza de toros” perteneció originalmente al ayuntamiento, sin embargo, el 25 de agosto de 1966 fue permutado por otro terreno llamado “Las Lagunillas” al ciudadano Lucio Lagunes Jiménez, con el propósito de construir la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec.
La familia sostiene que existe una escritura pública que acredita esa operación y que, entre 1966 y 1971, Eusebio Díaz rentó el terreno, hasta que finalmente lo compró a Lagunes Jiménez mediante un contrato de compraventa, por el cual realizó dos pagos y recibió el documento original de propiedad.
Sin embargo, ante la falta de recursos económicos, fue hasta agosto de 2025 cuando decidió iniciar el procedimiento para regularizar el inmueble ante la Notaría número 7 de Atzalan, Veracruz.
Las diligencias voluntarias quedaron registradas con el expediente 759/2025/III y el 3 de junio de 2026 se celebró una audiencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia, en Xalapa.
Según la denuncia, durante el procedimiento el ayuntamiento de Tonayán manifestó que el terreno pertenecía al pueblo y presentó una copia de un supuesto contrato de donación celebrado entre Lucio Lagunes Jiménez y el entonces presidente municipal, Juan Jiménez Salazar.
Arminda Díaz cuestionó la legitimidad de ese documento y enumeró cinco presuntas inconsistencias: señala que identifica a Lagunes Jiménez como agricultor, cuando afirma que era músico sinfónico; establece una superficie de mil 591 metros cuadrados, pese a que el terreno es de 2 mil 90 metros cuadrados; incluye colindancias actuales y no las de aquella época; comienza como un acto de donación y concluye como una compraventa, y no refiere documentación con la que el supuesto donante acreditara la propiedad.
El 17 de septiembre de 2026 el juez Leopoldo Toss Capistrán emitió una resolución que da por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria ad perpetuam, por lo que sus familiares interpusieron la apelación correspondiente.
Arminda Díaz cuestionó el desempeño de los servidores públicos involucrados y consideró que la resolución no evaluó debidamente la legitimidad de las pruebas presentadas.
Asimismo, responsabilizó a las autoridades involucradas de cualquier afectación a la integridad de su padre, la suya o la de su familia.
“Me indigna que intenten despojar a un hombre de 89 años, que suponen está solo, piensan que no podrá defenderse”, finalizó Arminda Díaz.
