Ciudad de México, 20 May-26 (Agencias/VRed).- El Congreso Nacional indígena anunció que realizará entre el 22 y 24 de mayo una Misión Civil de Observación para constatar la situación actual de los pueblos, de los desplazados y de las víctimas en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. Con ello, documentarán “la situación que vivieron y que siguen viviendo, pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las comunidades de las que fueron desplazadas, a pesar de que sigue existiendo temor y sobre todo el riesgo de ser atacados”, sostuvo esta agrupación.
Detalló que dicha misión estará acompañada por periodistas, organizaciones y colectivos, centros de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, al tiempo que llamaron “a las personas de buen corazón a quienes el dolor ajeno no les es indiferente”, a acompañar dicha misión Civil de Observación de los modos y formas que decidan.
Tras recalcar que el gobierno federal asistió a la zona tras seis días de “ataques” a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, y luego de la “presión internacional y nacional” por parte de colectivos, organizaciones, académicos y centros de derechos humanos, apuntó que el gobierno mexicano tuvo que rehacer una narrativa de “no pasa nada”, y cuestionó que se permitió el desplazamiento de más de 2 mil personas de sus comunidades, atacadas con armas de alto poder y drones.
Señaló que las autoridades municipales y estatales no detuvieron a los agresores, y en cambio se ha criminalizado a las víctimas.
“Es lamentable que el gobierno mexicano insista en criminalizar a las comunidades agredidas, creando la versión del ‘enfrentamiento entre grupos criminales’ para explicar el desplazamiento de más de 2 mil personas, los ataques con drones y armas de alto poder, del grupo criminal los ardillos contra niñas, niños, abuelas y abuelos pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán”, pese a que esas comunidades llevan más de 10 años pidiendo seguridad, instalación de retenes y Bases de Operaciones Mixtas.
A la vez, expuso: “¿Pueden explicarnos por qué no hay ninguna investigación federal contra el proceder de las presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino, por su relación familiar con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar los ardillos y el desvío de recursos del Ramo 33 destinado a las comunidades que les ha sido negado a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, así como por las nulas investigaciones, desarticulación y detención del grupo criminal los ardillos?»
De igual forma, agregó: “No omitimos la colusión de la alta jerarquía de la iglesia católica de Guerrero, encabezada por el canciller de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Jorge Amando, que se atrevió a decir que los desplazados quemaron sus carros y sus casas, que se desplazan solos, que las víctimas no son víctimas, que se victimizan porque ya no son católicos”.
Afirmó que las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero se han resistido a entregar el territorio para las actividades criminales, y han creado su sistema de justicia propio y su toma de decisiones es de forma asamblearia.
